Por la Derecha..!

Luis Ángel García

Muy grave el episodio que ocurrió durante la gira del Presidente por Sinaloa. Una camioneta con reporteros que cubren la gira fue detenida en un ilegal retén del crimen organizado, donde un comando con vestimenta paramilitar y armas de alto poder les marcó el alto, los cuestionó y revisó el equipo de camarógrafos y fotorreporteros. A satisfacción de los delincuentes, continuó el transporte de la prensa.

Se ha especulado mucho sobre el falso retén, la identidad de los integrantes del comando y el propósito de impedir el libre tránsito de los vehículos. Se ha llegado a decir que incluso era un filtro de seguridad de la gira presidencial. Más allá de las intenciones reales de esas acciones propias de un ejército o de un Estado Mayor, el hecho de que civiles asuman funciones de seguridad es un mensaje muy delicado que debe ocupar al gobierno y aclarar ante la opinión pública lo sucedido, más allá de “no pasó nada, fue un incidente sin consecuencias”. De entrada, estuvo en riesgo la vida e integridad física de los periodistas, en una entidad donde se ha atentado en muchas ocasiones contra los comunicadores. A nadie escapa que el narcotráfico es una actividad que ha permeado las estructuras sociales y políticas de la región, y que hay evidencias de la violencia política que ejerció el crimen organizado en las pasadas elecciones federales de 2021.

Si recordamos las declaraciones que hizo el año pasado un alto funcionario del Pentágono en el sentido de que más del 30 por ciento del territorio nacional está gobernado por las mafias, es preocupante suponer que en Sinaloa la delincuencia ha pasado de ser un poder fáctico para asumir la gobernabilidad de la entidad, anulando a las autoridades constitucionales.

En otros estados se da una situación similar con las mal llamadas autodefensas o policías comunitarias, como en Guerrero y Michoacán, donde se aplican ese tipo de retenes ilegales para extorsionar a los conductores o impedir el paso de las fuerzas armadas, incluso desarmarlos y someterlos; han sido tomados como rehenes para negociar con los propios militares o con autoridades de gobierno, saliéndose siempre con la suya.

El gobierno civil ha perdido la gobernabilidad en muchas entidades federativas y entregado la plaza a la delincuencia organizada. Lo mismo sucede en Chiapas, donde grupos políticos que no han reconocido sus derrotas en las urnas, tienen tomado el palacio municipal e impiden el acceso de gobernantes, policías e incluso a la Guardia Nacional. Eso nos habla de un Estado fallido. El régimen constitucional ha perdido la gobernanza y solo conserva su estatus mediante la política de dejar hacer, dejar pasar.

Sucede hoy en México lo mismo que en la Colombia de los ochenta, donde ante la injerencia y poderío de los narcotraficantes, se autorizó la creación de las autodefensas; las cuales, con el tiempo, suplieron a los cárteles no solo en el comercio ilícito de la droga, sino con el ejercicio de las funciones propias de gobierno, además de dedicarse a la extorsión, el cobro de derecho de piso, el secuestro, el cobro de cuotas para permitir el libre tránsito en las carreteras. También ellos vieron sucumbir su Estado de Derecho con el misterioso atentado al edificio de la Corte Suprema, donde murieron ministros, funcionarios del poder Judicial, guerrilleros y ciudadanos.

¿Sinaloa será la representación del narco-Estado; se permitirá la intervención del crimen organizado en las próximas elecciones, se hará patente la violencia política para hacer que ganen determinados candidatos, ¿a cambio de una patente de corso o impunidad? Por el bien de la República, se debe aclarar el atentado a la prensa en Sinaloa y no dar rienda suelta a las especulaciones.