Caminos del Mayab
Martín G. Iglesias
De acuerdo con la Ley de Deuda Pública del Estado de Quintana Roo, en su artículo número 2, “La deuda pública está constituida por las obligaciones directas y contingentes, derivadas de empréstitos, créditos y financiamientos, incluso a través de la emisión de valores, a cargo de las siguientes entidades:
I. El Estado; II. Los municipios; III. Los organismos descentralizados estatales o municipales; IV. Las empresas de participación mayoritaria estatal o municipal. V. Los fideicomisos en que el fideicomitente sean algunas de las entidades señaladas en las fracciones anteriores.
Bajo ese contexto, hoy quiero referirme a las fracciones II y III de este artículo, ya que el Órgano Superior de Fiscalización en la entidad informó sobre los resultados de las auditorias realizadas a las cuentas públicas de los municipios y los organismos descentralizados, específicamente a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (Capa), la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra) y el Instituto de Infraestructura Física Educativa de Quintana Roo (Ifeqroo).
Empecemos con el municipio de Benito Juárez, que de acuerdo a la Ley de Ingresos del Municipio, para el Ejercicio Fiscal 2012, publicada en el Periódico Oficial el 16 de Diciembre de 2011, ejercería en este año 2 mil 399 millones de pesos; sírvanos de ejemplo lo programado en el rubro de Participaciones y Aprovechamientos donde se dijo que tendría una entrada de 543millones 518 mil 280 pesos, de los cuales 69 millones 5 mil 533 pesos serían aportados por el Fondo de Infraestructura Social Municipal conocido como FISM y de acuerdo con el informe del tercer trimestre del Órgano Superior de Fiscalización, ya ejerció 65 millones 52 mil 400 pesos, o sea el 98 por ciento, y eso que todavía faltan 3 meses más, donde solamente resta ejercer un 2 por ciento en ese rubro.
El detalle está en que el endeudamiento público de Benito Juárez es por el monto de mil 365 millones 900 mil pesos; o sea el 56.9 por ciento de los ingresos anuales, lo que deja en completa inoperancia a la administración si se desea pagar esa deuda.
Quizá por ello, Julián Ricalde Magaña se quiere prevenir autorizándose un préstamo de 100 millones de pesos para el pago de aguinaldos (aunque se dijo que ese dinero sería utilizado para inversión social).
Otro ejemplo de endeudamiento que deja casi en inoperancia a una administración es Othón P. Blanco, que lleva un pasivo acumulado de 290 millones de pesos, 240 mdp de deuda que recibió de administraciones anteriores más 50 mdp de la actual.
Tan grave está su situación que el cabildo decidió desaparecer las direcciones del Instituto Municipal de Planeación (Implan), Instituto para Calidad de Vida (Incavi) y de la Funeraria Municipal, además del recorte de personal y reducir los salarios de primer nivel.
Prácticamente ya se gastaron todo, pues de acuerdo con Ley de Ingresos del Municipio de Othón P. Blanco, para el Ejercicio Fiscal 2012, se programó que el erario público a ejercer este año sería de 531 millones 506 mil 169 pesos con 25 centavos.
Pero igual su deuda rebasa el 54 por ciento de sus entradas en un año.
Por ello argumento que se está al borde de la quiebra, porque ninguna empresa puede funcionar con un endeudamiento de tal magnitud.
No omito decir que otros municipios que han tenido problemas para solventar el pago de sus nóminas son Felipe Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas, José María Morelos y Cozumel.
Así que les corresponde a los diputados locales buscar el mecanismo para prevenir el endeudamiento de los municipios, ya que en muchos de los casos (como en OPB y Benito Juárez) los préstamos han sido manejados de forma discrecional y utilizados para otros objetivos diferentes a los originales.
Caso concreto los 190 millones de pesos pedidos por la administración de Gregorio Sánchez y los 50 millones de pesos en Othón P. Blanco solicitados por Carlos Mario Villanueva Tenorio.
Pero no solo las entidades municipales están endeudadas, de acuerdo al auditor superior del estado, Emiliano Novelo Rivero, Capa, Sintra e Ifeqroo tienen severas observaciones, como la existencia de facturas de “dudosa procedencia”, donde se n siendo los cruces de información con el SAT para garantizar la autenticidad de dichas facturas.
Estas dependencias, como Solidaridad, OPB y Tulum, tienen como plazo 30 días para solventar las observaciones a su cuenta pública, de no hacerlo, corresponderá al Congreso determinar las sanciones.
La pregunta del millón que nos hacemos los ciudadanos, ¿dónde está ese dinero que no se ha podido comprobar?
¿Por qué se le da tanto tiempo a las entidades municipales y descentralizadas para la “justificación” de sus gastos?
Me parece que es como decirles, “mándame cualquier otra factura para ajustar tus cuentas y listo”; ¿o qué cree usted lector?
OBSERVATORIO
A partir de este lunes 1 de octubre, por decreto de la XIII Legislatura, en todo la entidad se dará inicio a las festividades para celebrar un año más de la creación del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, cosa que sucedió el 8 de octubre de 1974.
Así que felicidades a todos los quintanarroenses (naturales y adoptados) por estos 38 años de ser la entidad número 31 de nuestro país.
Cuestionamiento | Trizas
