- Para que no tramiten su IFE en Q. Roo
José A. Miranda
Mauricio Morales aclaró que la resolución está en manos de la SCJN y no en caprichos o negligencias del gobierno de Campeche.
Chetumal.- El presidente de la Comisión de Defensa de los Límites de Quintana Roo y Asuntos Fronterizos de la XIII Legislatura, Mauricio Morales Beiza, llamará a sus homólogos para que soliciten a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), investigue las amenazas hechas por autoridades campechanas contra habitantes de 236 comunidades localizadas en la zona limítrofe en conflicto con esta entidad, con el fin de que no se registren ante el Instituto Federal Electoral (IFE) como ciudadanos quintanarroenses.
En entrevista, el legislador afirmó que la institución dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR) debe tomar en serio las denuncias hechas por el Comité Prodefensa de los Límites del Estado a través de su dirigente, Luis Ramón Villanueva García, en el sentido de que habitantes de la zona limítrofe en conflicto con Campeche son amenazados por funcionarios del gobierno de esa entidad con ser expulsados de sus ejidos si se enlistan en el padrón del IFE como quintanarroenses.
Morales Beiza recordó que el presidente del Comité Prodefensa de los Límites del Estado, aseguró que los habitantes de 236 comunidades son vigilados por las autoridades estatales campechanas con el fin de impedirles que obtengan su credencial de elector como quintanarroenses y el Padrón del IFE se incremente y les puedan llegar apoyos por parte del gobierno quintanarroense, apoyo que es urgente y necesario al ser considerada esta zona como una de las marginadas del país. La Fepade, luego de investigar estas amenazas, debe aplicar multas y prisión a los funcionarios partidistas, en este caso el gobierno campechano, ya que está ejerciendo presión sobre los electores para que no se registren como ciudadanos, tal como lo establece el Artículo 406, del Título XXIV del Código Penal Federal, dijo.
Recordó que el Inegi “adjudicó” 211 comunidades, de un total de 235, a Campeche, “este hecho no es válido en tanto no se tenga una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo que tanto esta institución como el gobierno de Campeche no tienen ni el mandato constitucional ni el judicial de apropiarse de los habitantes de estos centros de población”.
