Hora 14

Mauricio Conde Olivares

 

La encargada de despacho de la Presidencia Municipal, Lourdes Latife Cardona Muza, informó que gracias a la promoción de la participación ciudadana por parte del Ayuntamiento de Benito Juárez, un comité ciudadano ganó el primer lugar de la fase estatal del Premio Nacional de Contraloría Social edición 2022.

Resaltó que además el proyecto ganador denominado “Renovación y transformación social de la Supermanzana 47”, corresponde al parque “pet friendly”, ubicado en el cruce de las avenidas Kabah y La Luna.

“Al rendir cuentas a los benitojuarenses apenas días atrás, fue grato anunciarles que este sitio es el primero en su tipo en Cancún, porque como sociedad y como administración municipal debemos continuar promoviendo el cuidado animal y un trato más digno hacia las mascotas y los animales de la calle”, resaltó.

Al respecto, la contralora municipal Virginia Guadalupe Poot Vega, explicó que si bien el parque fue realizado por el gobierno municipal, este logro es gracias a los ciudadanos que no solamente supervisaron la obra pública, sino que con la orientación de la autoridad local, inscribieron y presentaron sus proyectos ante la Secretaría de la Contraloría del Estado (SECOES), quien les otorgó esta distinción de primer lugar estatal de la Primera Categoría.

Indicó que además es una acción innovadora y ejemplo para otras zonas de la ciudad ya que tienen un alto impacto en la sociedad, por lo que además los ganadores en la fase estatal, de manera automática ya están participando en la etapa nacional que se llevará a cabo en octubre próximo.

Cabe señalar que la entrega física de la constancia de primer lugar fue este fin de semana en el mismo sitio del que se hace mención, por parte del contralor del estado, Rafael del Pozo Dergal, junto con la Contralora Municipal, a los integrantes del comité ganador: José Alfredo Pérez Javier, presidente; Víctor Castillo Barrera, secretario; José Manuel Dehesa Pintos, vocal de control y vigilancia, así como encargado de presentar el proyecto con la colaboración de su esposa y también segundo vocal, Beatriz Marina Salazar Beltrán; además del primer vocal Francisco Rafael Morales Pérez.

También le participo los Premios estatales anteriores del mismo tipo, en 2021: 1° lugar en la Primer Categoría, con el proyecto “Una Colonia de Acciones Concretas Región 237”, por la ampliación en dicha colonia; 3° lugar en la Primer Categoría: “Acciones de los Comités de Contraloría Social”, con el proyecto: “Puerto Juárez en Acción”, relativo a la Supermanzana 85; 1° lugar en la Segunda Categoría: “Acciones de Vigilancia Ciudadana en la Gestión Pública”, con el proyecto “Ojo Ciudadano al Turismo”, para la Asociación Civil BIOS, Participación Política y Desarrollo.

En 2019, 3° lugar por comité de obra en los parques públicos de la Av. Los Tules, en la SM 247.

Hoy, a propósito del Día Nacional de Protección Civil, le informo que en México en estas tareas se observó una tasa de tres servidoras o servidores públicos estatales por cada 100 mil habitantes. En el ámbito municipal, fue un ponderado de 34.7. El atlas de riesgo fue el instrumento de prevención y planeación en la mayoría de los gobiernos estatales (28 entidades). Sin embargo, solo 37 % de los municipios del país contaba con este.

En 2021, 11 gobiernos estatales dispusieron de un fondo propio para la atención de emergencias y desastres. En 2020, 7.6 % de los municipios del país dispuso de este tipo de fondo.

Cabe resaltar que en 2001, el Gobierno de República declaró el 19 de septiembre como el Día Nacional de Protección Civil. La fecha conmemora las experiencias que dejaron los terremotos ocurridos en septiembre de 1985. El propósito de este día es concientizar a la sociedad mexicana sobre la importancia de prepararse y emprender medidas de protección para hacer frente, con responsabilidad y conocimiento, a eventos ocasionados por fenómenos naturales y de origen humano.

La protección civil se entiende como la acción solidaria y participativa encaminada a salvaguardar la vida, integridad y salud de la sociedad frente a los riesgos y efectos derivados de fenómenos de origen natural o provocados por la actividad humana. Esta acción se rige principalmente por la Ley General de Protección Civil (LGPC). Dicha ley dio origen al Sistema Nacional de Protección Civil. En este se coordinan estructuras, métodos, normas, instrumentos, políticas, procedimientos, entre otros aspectos en la materia.

Las unidades de protección civil son oficinas dentro de las administraciones públicas que se encargan de promover la capacitación, organización y preparación de las y los brigadistas comunitarios; identificar y delimitar zonas de riesgo; controlar las rutas de evacuación y acceso a las zonas afectadas; coordinar los servicios asistenciales; aislar temporal, parcial o totalmente el área afectada, entre otras funciones encaminadas a proteger a la sociedad en situaciones que puedan poner en peligro la vida.

Las unidades o áreas de protección civil están disponibles en todas las entidades; sin embargo, varía la cantidad de personal que trabaja en estas. En 2021, laboraban 3,796 servidoras y servidores públicos en las áreas de protección civil estatales7 lo que representó una tasa nacional de tres servidores públicos estatales por cada 100 mil habitantes. Las tasas más altas se observaron en Guerrero, Nayarit, Campeche y Tabasco, con más de 10 servidores públicos en áreas de protección civil por cada 100 mil habitantes. Las tasas más bajas se observaron en Sinaloa y Baja California, con menos de una o un servidor público por cada 100 mil habitantes.

En las administraciones públicas municipales que reportaron información,826 mil 315 personas trabajaban en instituciones con funciones de protección civil. Lo anterior equivale a una tasa de 34.7

En cuanto a las funciones desempeñadas, de las personas que laboraban en las áreas de protección civil estatales,9 46.7 % (1 774) se dedicaba a funciones administrativas; 24.3 % (923) laboraba como bombero o bombera y 12.4 % (469) tenía tareas de búsqueda y rescate.

En tareas de protección civil, las mujeres representaron menos de 30 % y laboraban principalmente en funciones administrativas y de apoyo.

A nivel estatal, en 2021, 23 administraciones públicas estatales dispusieron de un plan o programa de protección civil y cinco estaban en proceso de integrarlo. Asimismo, 20 gobiernos estatales contaban con un plan de emergencia o de contingencia y ocho se encontraban en proceso de integración. El atlas de riesgos estuvo disponible en 28 entidades federativas. Al cierre de 2021, las administraciones públicas estatales de Guerrero y San Luis Potosí aún no disponían de estos instrumentos.

En 2021, en el ámbito municipal, 1 137 de los 2 468 municipios del país contaron con un plan o programa de protección civil. Quintana Roo, Aguascalientes, Guanajuato y Chiapas tuvieron el mayor porcentaje de municipios con este instrumento; por el contrario, la mayoría de los municipios de Oaxaca (55.3 %) no disponían del mismo, seguido por Puebla con 40.1 % y Yucatán con 38.7 % (Gráfica 3).

Por su parte, el plan de emergencia o de contingencia estuvo disponible en 39.4 % (973) de los municipios del país. Destacaron 77.4 % de los municipios de Chiapas y todos los municipios de Quintana Roo que contaban con este instrumento. Solo 37 % (914) de los municipios del país tenía un atlas de riesgo. En 2021, la mayoría de los gobiernos locales del estado de México, Ciudad de México y Guanajuato disponían de este instrumento.

La LGPC también establece la posibilidad de generar programas especiales de protección civil para hacer frente a peligros o riesgos específicos en un área o región determinada.14 Ejemplo de estos programas son los implementados para atender eventos festivos como la Semana Santa, o periodos de contingencia ambiental como las temporadas de lluvias o sequías, o emergencias sanitarias como fue el caso de la pandemia por la COVID-19.

En 2022, las administraciones públicas estatales de Chiapas, Hidalgo, Morelos, Puebla, Quintana Roo y Sinaloa contaban con programas especiales para atender riesgos en Semana Santa, incendios forestales, temporadas de sequías, invernal, y de lluvias, así como para atender la pandemia por la COVID-19. En contraste, Baja California, Campeche, y Tlaxcala no contaban con algún plan de protección civil especial.

Las administraciones públicas estatales y municipales pueden establecer un fondo propio para poner en marcha las acciones en materia de protección civil. Dichos fondos pueden componerse de recursos aportados por las mismas entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de Ciudad de México, en conjunto con las donaciones o aportaciones que realiza el sector privado.15

Durante 2021, 11 gobiernos estatales contaron con un fondo propio para la atención de emergencias y desastres.

En 2020, 187 (7.6 %) de las 2,454 administraciones públicas municipales del país que proporcionaron información, contaron con dicho fondo. Resalta Tabasco, donde 70.6 % de sus municipios tenía financiamiento propio para las tareas de protección civil; empero, lo anterior será motivo de posterior análisis en otra entrega de Hora 14.

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