• La frontera Estados Unidos-México, la zona más peligrosa en América

El continente americano es la tercera zona más peligrosa en el mundo para quienes migran o solicitan asilo o refugio, solo después del Mediterráneo y África.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) registra más de 6 mil 755 muertes y desapariciones de personas migrantes en América, de 2014 a la fecha, con la mayor letalidad en 2021 (mil 247), mientras que en lo que va de 2022 suman 847.

El continente americano es la tercera zona más peligrosa en el mundo para quienes migran o solicitan asilo o refugio, solo después del Mediterráneo y África. En particular, la zona más riesgosa en América es la frontera Estados Unidos-México, debido a su alto nivel de militarización, al igual que los corredores migratorios en México.

La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), WOLA y el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, de Tapachula, Chiapas, alertaron sobre los riesgos que implican para las personas migrantes las recientes reformas que dan a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el control de la Guardia Nacional, así como la que extendería hasta 2028 el despliegue de soldados y marinos en tareas de seguridad pública. “El impacto más directo de la militarización es que incrementa los riesgos y las violaciones a los derechos humanos, en muchos casos graves, de los que son víctimas las personas migrantes a lo largo de todo el proceso migratorio, desde los países de origen hasta los de destino y tránsito”, señaló Álvaro Botero, especialista en temas migratorios, durante un foro organizado por las tres organizaciones.

Este impacto, añadió, se refleja tanto en acciones como en omisiones que desencadenan violación de derechos humanos, o bien, obligan a las personas migrantes a desviarse a rutas donde pueda existir menor control, pero que están más expuestas al crimen organizado, por lo que pasan de los abusos de un actor a los de otro. El especialista precisó que las cifras de muertes y desapariciones en los países del sur no se comparan a la zona norte de América, porque las políticas de puertas abiertas y canales regulares no obligan a las personas a ponerse en riesgo frente a actores criminales en zonas aisladas. Además, la militarización y la contención migratoria en América Latina se dan en un contexto de un largo historial en el que se recurre a fuerzas militares para desafíos mucho más complejos que requerirían otro abordaje, así como analizar la violencia desde una perspectiva integral.

Ana Lorena Delgadillo, de la FJEDD, criticó que México apueste por la militarización y no por la construcción de una seguridad pública con base civil y ciudadana. “Tenemos a los militares en cerca de 20 nuevas tareas que no estábamos acostumbrados a verlos, y lo que más nos preocupa es que esto se hace sabiendo claramente que se está violando la Constitución. Difícilmente cuando se otorga una tarea a los militares, esa tarea se recupera para los civiles”, añadió.

Recordó que en los hechos, cuando la Guardia Nacional aún no estaba adscrita a la Sedena y sus mandos tenían que ser civiles, esto no sucedía en la práctica, pues sus mandos operativos eran militares y su composición, en más de un 85%, era de integrantes de la Sedena, así como de cerca de 17 mil 800 personas de la Marina.

Las organizaciones insistieron en que las políticas de control migratorio enfocadas en la militarización tienen costo en vidas humanas y en acciones como tortura, desapariciones, trata de personas, abuso y extorsión. Al despliegue permanente de la Guardia Nacional en las fronteras se ha sumado, señalaron, su mayor presencia en centros de detención migratoria. En tanto, los hechos de tortura no se reconocen y las medidas para evitarlos son insuficientes.

En los tres primeros años de esta administración, destacó Delgadillo, se han registrado más de 850 mil “rescates” o “aseguramientos” —una cifra mayor a cada uno de los dos sexenios anteriores—, que en realidad son detenciones, mientras que 19 de los 32 delegados del Instituto Nacional de Migración (INM) son militares o exmilitares.

Recientemente, el INM presentó el documento Rutas. Estudios sobre movilidad y migración internacional, que contiene un análisis de los delitos cometidos contra personas migrantes en México entre junio de 2016 y junio de 2022. En él, se reporta que en ese periodo se registraron 5 mil 378 denuncias por delitos en contra de personas migrantes, con el mayor número en 2018, de mil 414 casos.

Robo, tráfico ilícito, secuestro y retención ilegal, trata de personas, extorsión o chantaje están entre los más comunes, mientras que seis de cada 10 mujeres dijeron haber sido víctimas de trata y ocho de cada 10 de violencia sexual. Los estados donde más se presentaron denuncias en ese periodo son Chiapas, Oaxaca e Hidalgo.