Por la Derecha..!
Luis Ángel García
El estilo personal de gobernar de la 4T es el del autoritarismo y las amenazas a legisladores, impartidores de justicia, gobernadores, periodistas, empresarios, opositores y opinadores. Especialmente, el poder Judicial ha estado bajo asedio para influir en sus decisiones. El proyecto político de Palacio Nacional no acepta críticas, oposiciones ni resoluciones judiciales adversas que impidan el avance del dominio cuatrotero en el país.
Recientemente ha cobrado vigencia la frase de “a mi no me vengan ahora con que la ley es la ley” y efectivamente amenaza a jueces, magistrados y ministros cuando supone que alguno de sus acuerdos o dictámenes va en sentido contrario a su estrategia y visión personal de la justicia. Si se trata de actos de corrupción del pasado, exige se aplique todo el peso de la ley y si no lo hacen, de inmediato imputa, sin comprobar, actos ilícitos de los impartidores de justicia, como enriquecimiento ilícito, además de calificarlos de conservadores. Pero si es un simpatizante de la 4T quien se encuentra en aprietos penales, de inmediato lanza las amenazas de que, si lo sancionan, ordenará a la FGR y al Consejo de la Judicatura que se investigue al juez por sus resoluciones. Así pasó con quien ordenó la liberación de los detenidos por el caso Ayotzinapa, juzgador que ha excarcelado a 120 personas. En sentido contrario, amenazó desde Palacio Nacional a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con denunciarlos para que los investigaran si osaban anular los comicios para gobernador de Tamaulipas, gubernatura que se tambaleaba por los indicios de financiamiento ilícito de la campaña del candidato de Morena. Rápidamente, los magistrados reconocieron por unanimidad el triunfo de la 4T, y negaron que hubiera intervenido el crimen organizado en la entidad.
Justicia y gracia para los amigos y aplicación de la ley para los adversarios.
Ahora, hay dos medidas para aplicar la ley. En el caso de los conservadores, a los enemigos del régimen se les investigará o fabricarán delitos, como fue el caso de Rosario Robles, pero habrá simulación cuando los protagonistas sean aliados o simpatizantes de la 4T. Un caso que cada vez se enreda más es el de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, donde las investigaciones no han favorecido la nueva hipótesis oficial y sí han dejado mal parado al Ejército y provocado un conflicto con el gobierno federal, especialmente con el subsecretario Alejandro Encinas y la propia FGR. En medio, los impartidores de justicia, quienes quedarán como el cuetero.
En un país dividido, polarizado, donde se ha alentado la confronta entre sectores, las consecuencias afectan ya al interior del gobierno, donde los duros de la 4T no aceptan eximir de responsabilidad a altos mandos de las fuerzas armadas y quieren sangre; mientras que los moderados prefieren un armisticio y echarle toda la culpa a la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Pero ni con su ex procurador encarcelado, se ha podido esclarecer el caso, incluso ha ganado un amparo de manera definitiva.
De tal suerte, que seguirá la estrategia de satanizar a los impartidores de justicia, amenazarlos, hostigarlos, acosarlos para vencerlos por la vieja fórmula porfiriana, ya no “plata o plomo”, ahora es “plata o cárcel”. La ilegalidad, el quebranto al Estado de Derecho es la norma que regirá la ya inexistente división de poderes. El Ejecutivo impondrá su voluntad y los jueces acatarán las órdenes. Esperemos que la sensatez y voluntad política de los buenos impartidores haga que imperen la ley y la justicia, y decir, como el campesino alemán al que el emperador quiso despojar de sus tierras y un juez lo impidió: todavía hay jueces en Berlín, aquí exclamar, todavía hay jueces en México.
