Al tiempo..!
Vladimir Galeana Solórzano*
Los mexicanos tenemos muy corta la memoria, porque de pronto olvidamos los excesos que se han cometido en el nombre del “servicio público”, ese que se utiliza para hurtar los caudales públicos de la forma más grosera y cínica. Para decirlo más claro, la impunidad y la carencia de la aplicación de la norma jurídica en este país es la constante. La letra de la ley no vale ni siquiera un comino cuando los altos funcionarios deciden que no se aplique la ley porque todos están cortados por la misma tijera. Y esa es la mayor desgracia de este país y lo seguirá siendo hasta en tanto no existan nuevas disposiciones que endurezcan los procedimientos del hurto del dinero público y la aplicación discrecional del dinero que aportamos los mexicanos para el sostenimiento del aparato burocrático del Estado.
Si algo ha distinguido a nuestro sistema político son las complicidades que se dan en los altos niveles de la administración pública y por consecuencia el distorsionamiento de ese valor que debiera convertirse en uno de los principios fundamentales del quehacer político: La lealtad. Hasta ahora lo único que se valora en los grupos es esa lealtad mal entendida que se traduce en complicidades para la realización de oprobiosos actos en la búsqueda del enriquecimiento ilícito, porque aunque quienes están involucrados en la función gubernamental nunca lo aceptarán, se sigue observando a la tarea pública como uno de los mejores negocios. Para el simple ciudadano resulta habitual el robo descarado o la disposición arbitraria de los caudales públicos porque los políticos se han acostumbrado a ello. Una realidad lacerante es que los mexicanos ya no votamos por el mejor, sino por el menos peor.
Durante muchos años se relataron en los medios de comunicación escritos, auditivos y audiovisuales, la forma en que funcionarios de todos los niveles del gobierno del entonces Distrito Federal se involucraron en conductas impropias con tal de obtener contraprestaciones adicionales al salario que la ley les asignó. En el lapso que los miembros del Partido Revolucionario Institucional estuvieron al frente de la capital de la República cometieron muchos excesos de corrupción y lo que todos esperábamos a la llegada del perredismo era que disminuyera. Cuauhtémoc Cárdenas tuvo que repartir cuotas de poder entre los miembros de las tribus que lo apoyaron para ganarle a Alfredo Del Mazo González y ese fue el comienzo del desastre que los citadinos han soportado en los últimos años.
Andrés Manuel López Obrador mandó a encriptar la información de la forma en que financió las obras de los segundos pisos para que no pudiéramos enterarnos de los actos de presunta corrupción. Ni qué decir de los caudales de los partidos aglutinados en la izquierda, que también es dinero público. Muchos morenistas tienen más de veinte años haciendo negocios en la Ciudad de México y van desde las construcciones y desarrollos urbanos privados, hasta la disposición del dinero público para la realización de obras impuestas a los citadinos para la obtención de enormes cantidades de dinero que le permitan alcanzar sus fines políticos y sus ambiciones de poder. La Línea 12 del Metro, esa que se llama “La línea dorada”, ha sido un verdadero desastre desde que comenzó su funcionamiento, y el motivo como siempre que algo sale mal, es la corrupción.
Ebrard merecía ser incriminado, pero como dice el argot popular “perro no come carne de perro”, Andrés Manuel López Obrador nunca tuvo el valor de sujetarlo a proceso. En el Senado de la República, donde se guardan aún las facultades acerca de la remoción del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, existe una comisión del Distrito Federal para la investigación de los asuntos propios de una megalópolis que alberga a cerca de diez millones de personas. Esa comisión es presidida por Mario Carrillo, uno de los hombres más cercanos al señor Ebrard y quien se ha negado reiteradamente a investigar los hechos relativos a los problemas que presentaba la Línea 12 del Metro.
Mientras el señor Miguel Angel Mancera cesó a Enrique Horcasitas para no afectar a Marcelo, su hijo putativo, el senador Mario Carrillo, quien debiera guardar lealtad a quienes votaron por él, prefiere detener cualquier intento de aclaración desde la tribuna más alta del país. Ese tipo de complicidades son las que más denigran al ejercicio público. Me parece que México no puede continuar por el mismo camino, pero no existen mecanismos para castigar este tipo de hechos, los mismos políticos se protegen, y en esta aseveración incluyo a todos y de todos los partidos políticos. Pero ¿cuántos hay en los que se han visto implicados los principales actores políticos de todos los partidos? Complicidades al más alto nivel en la capital de la República y en la mayor parte del territorio patrio y nunca pasa nada. Así de simple. Al tiempo.
* Lic. en Derecho por la UNAM. Lic. en Periodismo por la Carlos Septién. Conferencista. Experto en Procesos de Comunicación. Ex presidente de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, Miembro del Consejo Nacional de Honor ANPERT, con 50 años de experiencia en diversos medios de comunicación.
