• El titular de la SEP señala que con ella el Estado “recupera de los poderes fácticos la rectoría en la materia”

El secretario de Educación, Emilio Chuayffet, ante las comisiones de Educación, Cultura y Cinematografía en San Lázaro.

El secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, dejó claro que no hay marcha atrás en la reforma educativa, con la cual “el Estado recupera de los poderes fácticos la rectoría en la materia”.

“Las autoridades educativas locales en cada entidad están obligadas a hacer cumplir, sin excepción alguna, las nuevas leyes vigentes”, declaró al iniciar su comparecencia ante las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados.

Sostuvo que “las normas no son negociables. Por la educación de calidad y de equidad, dejémonos influir por la realidad, pero también influyamos en ella. Si no lo hacemos, seremos siempre esclavos de la necesidad”.

En el marco de la Glosa del Primer Informe de Gobierno, el funcionario federal expuso que “la reforma educativa (impulsada por) el presidente Enrique Peña Nieto es de vanguardia jurídica, pero también lo es de vanguardia política”.

“Queremos que nuestras escuelas formen individuos libres, responsables y comprometidos, haciéndolos ciudadanos de México y del mundo”, expuso en su mensaje inicial el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Reconoció que se conocía de antemano que los retos y desafíos de la reforma iban a multiplicarse por los intereses que tocan, pero también se sabía del inmenso patrimonio que tiene México en sus maestros, líderes sociales que educan con la fuerza moral de su ejemplo y que siguen siendo el corazón del desarrollo.

“Las reformas constitucional y legal se han consumado, se han introducido en ellas tareas y conceptos que darán todo un giro a la labor educativa en el país. No será fácil hacerlo, se trata de cambiar las ruedas de un ferrocarril en movimiento”, expuso Chuayffet.

Destacó que la reforma educativa apenas comienza: hay mandatos de ley para revisar el modelo educativo, los planes y programas de estudio, y el fortalecimiento de las normales. “Los vamos a cumplir en un debate nacional que incluya a todos los agentes de la educación para llegar a buenos resultados”.

Sus objetivos son fundamentalmente seis: la obligación del Estado de garantizar la inclusión de todos a una educación de calidad, la creación de un servicio profesional docente y la operación de un sistema nacional de evaluación para la educación.

Además la instrucción de un sistema de información y gestión educativas, la autonomía de gestión en las escuelas y la ampliación de escuelas de tiempo completo con el otorgamiento que favorezcan la salud de los educandos, resaltó el secretario de Educación Pública.