- Llamado a fortalecer a la CNDH
Amnistía Internacional subrayó que persiste la impunidad en las investigaciones de feminicidios en México.
México va “hacia el abismo” en materia de derechos humanos, debido a la impunidad que rodea a los responsables de feminicidios y la militarización de la vida pública, entre otros motivos, advirtió Amnistía Internacional (AI).
Así fue expuesto por la organización en su informe “México: ¿De cabeza a toda marcha hacia el abismo en derechos humanos?”, que fue elaborado para que la ONU lleve a cabo el Examen Periódico Universal (EPU) de México, mecanismo del Consejo de Derechos Humanos por el que deben pasar cada cinco años todos los países miembros de la ONU y que evalúa la salud de las libertades fundamentales.
Amnistía Internacional subrayó que 20,292 mujeres han sido asesinadas entre 2018, fecha del último EPU, y el pasado mayo, aunque pone el foco en que tan solo 5,065 casos se investigaron como presuntos feminicidios.
“Pese a que se han activado 25 Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres en 22 estados del país, persiste la impunidad en las investigaciones de feminicidios”, avisó.
Además, el informe expresó preocupación por las “deficiencias en las investigaciones como pérdida de pruebas, falta de investigaciones adecuadas, falta de aplicación de una perspectiva de género y amenazas a las familias de las víctimas”.
Otro asunto en el que la organización encendió las alarmas es el respeto a la protesta social, pues “las más altas autoridades”, como el presidente Andrés Manuel López Obrador, “estigmatizan” la lucha de periodistas y personas defensoras de los derechos humanos que “cuestionan las acciones del gobierno”.
También tildan al sistema de justicia penal de “mecanismo de disuasión para quienes protestan”, sobre todo en ámbitos como el medioambiente o la tierra, y recuerdan que México es “uno de los países más peligrosos del mundo” para quienes ejercen el periodismo.
De hecho, 2020 y 2022 fueron de los años “más mortales” para el oficio, con 19 y 13 profesionales asesinados, respectivamente, según AI.
El informe criticó la “estrategia de seguridad pública fuertemente militarizada” impulsada por el gobierno de López Obrador y el papel de la Guardia Nacional (GN), “una de las diez instituciones con más denuncias por violaciones de derechos humanos”: 1,200 demandas entre 2019, cuando se creó, y 2022.
“La participación de las fuerzas en la vida pública ha hecho aumentar la probabilidad de que una persona sea víctima de tortura sexual durante su detención (…) y ha fomentado una falta de verdad, transparencia y rendición de cuentas”, aseguró la ONG.
Ante este análisis, AI propuso a México que fortalezca la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que “cumpla” con los Principios de París, que rigen este tipo de instituciones, y que reconozca la “magnitud” de la crisis de feminicidios.
