- Señalan investigadores
Académicos y expertos que participan en el XII Congreso de Investigación Educativa en la ciudad de Guanajuato, señalan que en México hay alrededor de 3 millones de niños que viven en condiciones de vulnerabilidad, pues deben trabajar desde edades tempranas en las ciudades y en el campo.
Añadieron que debido a la pobreza, origen étnico, salud, edad o género, los menores padecen exclusión social para satisfacer sus necesidades básicas.
En la sala A del Centro de Convenciones de Guanajuato, Elvia Taracena, académica de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala de la UNAM, señaló que los menores enfrentan marginación e indefensión para gozar de libertades, así como de derechos fundamentales de la infancia establecidos en la Constitución, leyes nacionales y tratados internacionales, entre ellos la posibilidad de ir a la escuela o acceder a una vida digna.
Consideró que estos colectivos requieren programas y estrategias de reinserción social ajustados a sus recursos y condiciones de vida.
Teresa Rojas, académica de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), refirió que en el país 500 mil menores de 14 años desempeñan labores agrícolas, de limpieza, recolección o transporte de productos.
Del total, el sistema educativo sólo atiende a cinco de cada 100 menores. Sus derechos no son protegidos ni respetados, recalcó.
“Es urgente una política pública integral para garantizar su acceso a servicios básicos de alimentación, salud, educación y erradicación del trabajo infantil”, estableció la especialista.
A su vez, Silvia van Dijk, profesora de la Universidad de Guanajuato (UGTO), consideró que la inclusión laboral de menores debe ser regulada con rigor para no dar lugar a explotación infantil.
Es necesario dejar de satanizar el trabajo de este sector y crear escuelas especiales para una población diversa, recomendó en un comunicado.
Carlos Rodríguez, de la Universidad Iberoamericana (UIA), sostuvo que ante el incumplimiento de la legislación en materia de trabajo infantil, se deben crear mecanismos jurídicos para garantizar el ejercicio de los derechos relacionados. “El reto es establecer condiciones mínimas de bienestar para estos grupos vulnerables”.
