Máximo tribunal debatirá resolución de la CIDH

• Esta medida podría dejar libres a 68 mil presuntos delincuentes

La eliminación de la prisión preventiva oficiosa implicaría la posible liberación de 68 mil presuntos delincuentes, argumentó la titular de la Segob, Luisa María Alcalde.

La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, alertó de la intención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de eliminar la prisión preventiva oficiosa, en atención a una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH, que será debatida en los próximos días, lo que conllevaría el riesgo de liberar a 68 mil delincuentes que están bajo esta medida.

“Vamos a exponer una preocupación que mantenemos en el Gabinete de seguridad respecto a una decisión próxima en las próximas semanas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la prisión preventiva de oficio. Creemos que la Suprema Corte no sólo se excede en sus facultades, sino que pretende tomar una decisión sin dimensionar lo que esto significa para la paz y seguridad de nuestro país. Por ello, es que el viernes pasado el Gabinete de seguridad le envió una carta a todas las Ministras, a todos los Ministros, para plantearles cuáles son nuestras preocupaciones.

“De entrada señalamos que esta decisión impactaría a la posible liberación de 68 mil presuntos delincuentes bajo prisión preventiva oficiosa al día de hoy. Estamos hablando de 11 mil 640 acusados de homicidio, 7 mil 150 acusados de secuestro, 5 mil 617 de violación, 4 mil 13 de narcotráfico y narcomenudeo, 3 mil 800 de portación de armamento y explosivos, mil 405 de feminicidio, mil 273 de abuso infantil y corrupción de menores, y 405 por delincuencia organizada”, advirtió Alcalde.

La titular de la Segob mencionó que esto surge a raíz de la resolución emitida en enero del 2023 por la CIDH, quien considera que la prisión preventiva de oficio resta importancia a la necesidad de construir casos sólidos, capaces de ser sostenidos en juicios, que efectivamente resulten en el esclarecimiento y sanción de los responsables de los delitos. “¿Qué se va a discutir en las próximas semanas? La Suprema Corte está proponiendo invalidar el Artículo 19 constitucional y ordena a todos los jueces inaplicar la prisión preventiva de oficio. Esta decisión la toma a partir de una resolución emitida en enero de 2023 por la Corte interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que -como sabemos- es una instancia judicial internacional que pertenece a la OEA, a la Organización de los Estados Americanos, en donde condena a México y resuelve que se deben adecuar las leyes incluyendo la Constitución para eliminar la prisión preventiva.

“Aunque esta resolución por parte de la Corte Interamericana obliga a todo el Estado mexicano en su conjunto, la Corte atrajo la sentencia oficiosamente para interpretarla y ordenar unilateralmente cómo México debe darle cumplimiento sin que se tome en cuenta otras instituciones, una cuestión obvia sería el Congreso de la Unión quien debería analizar la posibilidad de estas modificaciones”, comentó.

La funcionaria federal habló los diversos riesgos que lo anterior podría implicar y señaló que la entidad más afectada del País sería el Estado de México, donde existen 21 mil 718 personas en prisión preventiva oficiosa.

“Aquí (en el mapa) podemos ver los principales estados que se verían afectados por esta decisión, destaca el Estado de México donde hay 21 mil 718 personas en prisión preventiva oficiosa. Cabe destacar que el número es tan alto precisamente porque la problemática está vinculada a la enorme tardanza de los propios jueces y la cantidad de recursos y amparos que hacen que todos estos procesos duren mucho tiempo en resolverse. Ese asunto debe atacarse por el propio Poder Judicial, la enorme tardanza de los procesos y las resoluciones.

“La liberación de estas personas pondría en riesgo a los testigos y a las víctimas, que son las personas que los han acusado. Por supuesto, al personal desde policías, personal de la Fiscalía, los propios juzgadores. Vemos un riesgo también a la población en su conjunto ante la posibilidad de la comisión de nuevos delitos, a la seguridad nacional, porque se trata de individuos que presuntamente están asociados a grupos del crimen organizado y que cuentan con capacidad económica y operativa, incluso con alto riesgo de darse a la fuga. Y, por supuesto, de manera adicional estamos viendo con preocupación la carga excesiva que esto significaría, tanto para las Fiscalías, como para los juzgados”, enlistó.

“Ningún Estado, Gobierno, organismo o tribunal extranjero puede ordenarle a México modificar su Constitución, modificar su régimen político, ni su forma de Gobierno, hacerlo sería un acto inadmisible de injerencia. ¿Y a quién le toca defender nuestra Constitución? Precisamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, concluyó.