Derecho de réplica

José Luis Montañez

 

• El estado, sexto lugar nacional en casos de acoso escolar

 

 

El acoso escolar, conocido comúnmente como bullying, sigue siendo un problema significativo en Quintana Roo. Según datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), el estado ocupa el sexto lugar a nivel nacional en casos de acoso escolar en niveles de secundaria, preparatoria y universidad.

Asimismo, cifras del estudio de violencia contra niños y adolescentes en México arroja que de los 11.7 millones de personas de 12 a 17 años que asistían a la escuela en México durante 2022, al menos 28% comunicó haber sido víctima de acoso escolar, lo que significa que, de cada diez alumnos, tres sufren de violencia por parte de sus compañeros de manera constante.

En el caso específico de Quintana Roo, se sabe que el bullying o discriminación por color de piel, etnia y apariencia física es el principal tipo de violencia psicológica y emocional que enfrentan los jóvenes en diversas secundarias de Cancún.

Un sondeo arroja que las jovencitas que pertenecen al grado educativo de secundaria sufren burlas por diversas cuestiones físicas; una de las afectadas, asegura que en su plantel hay burla y discriminación a personas con sobrepeso e incluso los maestros no les permitían hacer ejercicio, diciéndoles que no iban a poder, cuando debe tener la misma oportunidad y derechos para todos.

En cuanto al bullying que hacen muchos alumnos, se habla de que hacen burlas por los rasgos indígenas o hablar algún dialecto, incluso por su tono de piel moreno, lo que ha hecho que muchos jóvenes pierdan el interés por mantener vivas sus creencias, cultura y tradiciones, ante el acoso de sus compañeros.

Actualmente, esta situación, ha alcanzado cifras alarmantes debido a la influencia de las redes sociales, respecto a los estándares estéticos del cómo debe verse un adolescente y todos aquellos que estén fuera de este estereotipo de belleza son víctimas de discriminación, y malos tratos.

Motociclistas alistan ola de amparos contra “Ley Chaleco”

El Congreso de Quintana Roo aprobó recientemente la “ley chaleco”, una reforma integral a la Ley de Movilidad del estado que busca mejorar la seguridad vial para los motociclistas. Esta nueva legislación ha generado tanto apoyo como controversia entre los ciudadanos y los motociclistas locales.

La “ley chaleco” establece que todos los conductores de motocicletas y sus acompañantes deben usar un casco de seguridad y un chaleco reflejante, ambos con el número de placa del vehículo impreso, a fin de aumentar la visibilidad de los motociclistas y reducir los accidentes de tráfico.

Ahora bien, después de que los motociclistas manifestaron su oposición, el juzgado de distrito otorgó dos amparos contra las reformas hechas a la Ley de Movilidad; y Juan Carlos Encalada Pech integrante del Consejo Estatal de Motociclistas anticipó que sólo están a la espera de que reanude actividades el poder judicial para presentar poco más de mil recursos, “y estamos seguros de que la ley federal nos otorgará la razón”, aseveró.

Asimismo, refiere que esperan que la reunión del próximo 6 de septiembre en el C5 de la ciudad de Cancún sea la definitiva y el gobierno estatal acepte sus propuestas para derogar el artículo 218 bis de la mencionada Ley de Movilidad.

Encalada Pech explicó que tan sólo en Chetumal hay tres abogados que están dedicados a recopilar la información y por lo menos cada uno de ellos ya cuenta con 300 amparos que se interpondrán cuando reinicien actividades en el Poder Judicial de la Federación. “Hablamos sólo de la capital del estado porque también hay otros abogados en Cancún donde el número de motociclistas es aún mayor” dijo.

Y anticipó que realizarán un recorrido por José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto y Tulum para que otros motociclistas se sumen a los amparos que se interpondrán contra el artículo 218 Bis de la Ley de Movilidad.

“Tenemos la confianza de que vamos a ganar los otros amparos. La reunión con las autoridades de gobierno del 6 de septiembre debe ser la definitiva para lograr un punto de acuerdo respecto a la derogación del artículo que obliga al uso de chalecos y cascos rotulados, pero estamos conscientes de que la federación será la que nos otorgue el respaldo”, concluyó.

La ley entró en vigor el 23 de julio de 2024 y las autoridades locales han comenzado a realizar operativos para asegurar su cumplimiento. Aquellos que no cumplan con la normativa se enfrentarán a multas y sanciones, lo que ha generado preocupación entre los motociclistas sobre el impacto económico de estas medidas.

Expertos en seguridad vial han apoyado la implementación de la “ley chaleco”, argumentando que puede salvar vidas y reducir significativamente el número de accidentes de motocicleta. Sin embargo, también han señalado la importancia de acompañar estas medidas con campañas de concientización y educación vial para maximizar su efectividad.

La SEQ rechaza venta de plazas

Por otro lado, la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) se deslindó de un sujeto que presuntamente se hizo pasar como gestor de esta dependencia para “vender” plazas de maestros y administrativos en varias escuelas ubicadas en el municipio de Othón P. Blanco (Chetumal) y en Bacalar.

La SEQ informó, a través de un comunicado publicado en sus redes sociales oficiales, que no tiene a ningún trabajador de nombre José Artemio Viera Martín inscrito en  su plantilla laboral y que, por ende, no está capacitado para ofrecer ningún tipo de servicio relacionado con la secretaría.

“Se reitera a maestras, maestros y ciudadanía: no existe ningún trabajador o gestor con el nombre de José Artemio Viera Martín en esta institución. La asignación de plazas es 100% transparente y libre de corrupción”, cita el documento publicado por la SEQ.

Durante el arranque del ciclo escolar, un grupo de personas denunció a este sujeto, quien los engañó al prometerles una plaza en la SEQ a cambio de 18 mil pesos y, lamentablemente, algunos sí realizaron transferencias bancarias para asegurar la supuesta plaza de trabajo.

Uno de los afectados, que respondió al nombre de Melvin Sosa, dijo que dicho sujeto le había ofrecido una prefectura en una escuela, pero le pidió ocho mil pesos para iniciar el trámite, asimismo, denunció que el sujeto le solicitó después cantidades de entre dos y cuatro mil pesos para perfumes y vinos que, según iban a ir dirigidos a funcionarios de la SEQ.

En este caso, los defraudados advirtieron que, si este hombre no les devolvía la totalidad del dinero entregado, van a proceder a denunciarlo ante la Fiscalía General del Estado, a fin de que se le persiga por el delito de fraude.

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