Avanza Q. Roo en nuevo sistema de justicia penal

  • En abril se completará esquema de juicios orales: Borge

 

Desde el año pasado Quintana Roo ha avanzado en la implementación del nuevo sistema de justicia, por medio de la construcción de edificios adecuados y la capacitación del personal.

Desde el año pasado Quintana Roo ha avanzado en la implementación del nuevo sistema de justicia, por medio de la construcción de edificios adecuados y la capacitación del personal.

 

Chetumal.- El último día de abril del presente año cuando se implementará en Benito Juárez e Isla Mujeres el Sistema Penal Acusatorio Adversarial, quedando de esta manera todo Quintana Roo bajo el esquema de los juicios orales.

El gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, informó que el estado se encuentra inmerso en el nuevo sistema, que durante su administración ha puesto especial interés en el reforzamiento de cada uno de los rubros que, como requisitos, se requiere para poner en marcha esta nueva era legal, con el fin de robustecer la confianza de los quintanarroenses en sus instituciones de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, tal como está estipulado en el Eje Fuerte del Plan Quintana Roo 2011-2016.

El mandatario expresó desde que se inició este nuevo reto en la entidad, con el apoyo del presidente Enrique Peña Nieto, se destinaron recursos para la adecuación y construcción de áreas, capacitación de personal, así como equipamiento y armamento para fortalecer todas las áreas que operarán el próximo 30 de abril en la entidad.

En la zona sur, el NSJP inició en junio del 2014 en el distrito judicial que comprenden los municipios de Bacalar y Othón P. Blanco, por lo que en la capital del estado se invirtieron 15 millones de pesos en la edificación de las instalaciones de las Unidades de Atención temprana, la Unidad de Justicia Alternativa y la Bodega de Evidencias, que consta de una construcción de 1,756 metros y el cual se ubica en las oficinas centrales de la dependencia.

En este tenor, además, se invirtieron 5 millones de pesos para la construcción de un nuevo edificio para la Policía Ministerial y 5 millones para Servicios Periciales en Chetumal, cantidad similar destinada a la construcción de las oficinas de la agencia ministerial en Bacalar, que albergarán el módulo de atención temprana, la unidad de investigación, justicia alternativa penal, almacén de evidencias, Policía Ministerial y Servicios Periciales.

Asimismo, en la zona sur, con la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal, el 10 de junio del 2014, se fortalecieron diferentes rubros, como mobiliario y equipo, donde se aplicaron de 9 millones de pesos, de los cuales 6 millones 236 mil 110 pesos fueron designados para equipamiento del personal, 2 millones 635 mil 555 para equipamiento de protección y 580 mil pesos para equipamiento institucional.

Es importante señalar que en junio del 2015 se implementó el nuevo modelo penal en la zona centro de nuestro estado, y durante ese mismo año se programó un recurso de 3 millones 500 mil pesos, para la actualización de equipo y remodelación de las instalaciones de la PGJ, con el fin de adecuarse a lo requerido.

En la zona norte ya se encuentran operando bajo este modelo los municipios de Playa del Carmen, Tulum y Cozumel, y será el último día de abril del presente año cuando se implemente en Benito Juárez e Isla Mujeres, quedando de esta manera todo Quintana Roo bajo el esquema de los juicios orales.

Ante este panorama, en Cancún se construye el edificio de justicia penal y se rehabilitan las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde, gracias a las gestiones de Roberto Borge, se invierte un total de 50 millones de pesos, provenientes de la federación.

Se destinó un total de 1 millón 746 mil pesos a la evaluación y control de confianza, 4 millones 12 mil en la Red Nacional de Telecomunicaciones y 416 mil pesos en el Nuevo Sistema de Justicia Penal.

“Es importante que la ciudadanía sepa que el Nuevo Sistema de Justicia Penal, que precisamente en junio de este año aplicará para todo el país, tiene la finalidad de agilizar el tiempo de impartición de justicia y de generar mecanismos alternos para poder llegar a un acuerdo reparatorio, cuando así lo permita la ley entre víctima e imputado”, dijo el gobernador.

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