“Hora 14”
Mauricio Conde Olivares
Va en serio el ajuste de cuentas con los empresarios depredadores del medio ambiente que durante sexenios han lucrado al amparo de una impunidad insultante.
Luego que el municipio de Benito Juárez se quedó con la llamada “Milla de Oro” en la creación del municipio de Puerto Morelos, que es una franja de terreno costero de la más alta plusvalía para el sector inmobiliario-hotelero, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente vino a poner un freno en seco a millonarias inversiones basadas en la ilegalidad, mismas que lograron permisos irregulares desde esferas gubernamentales distintas a las federales.
Por eso, ayer la Profepa impuso clausura total temporal a las obras y actividades de un relleno de humedal que realizaba la empresa Chag Construcciones S.A de C.V., en uno de los desarrollos turísticos que se construyen en la denominada “Milla de Oro” dentro del corredor turístico de Cancún y Puerto Morelos, en el estado de Quintana Roo.
Porque resulta que va en serio el ajuste de cuentas con los empresarios depredadores del medio ambiente que durante sexenios han lucrado al amparo de una impunidad insultante, a la vista de los quintanarroenses y que durante años mereció el cómplice silencio de delegados de la Profepa en Quintana Roo, como fue el caso de Ludivina Menchaca Castellanos, quien ahora no tiene empacho alguno de buscar el respaldo popular para ser presidenta municipal precisamente de Puerto Morelos en los comicios de este 5 de junio.
Para vencer estas impunidades realizaron los inspectores de la Profepa un operativo en el que se constató el relleno de un humedal de 3 mil 751.70 m2 con material de sargazo y arena de playa sobre un ecosistema costero compuesto por duna y humedal, con presencia de Mangle rojo, blanco y botoncillo, así como especies de palma Chit.
Estas cuatro especies se encuentran protegidas por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, con categoría de amenazadas, además de que en el momento de la inspección, la empresa constructora no contaba con la autorización emitida por la autoridad federal competente.
Los daños ocasionados podrán ser sancionados con la imposición de una multa de hasta 50 mil días de salario mínimo de acuerdo a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, además de la Clausura definitiva de la obra.
Podría configurar un delito del orden penal previsto en el artículo 420 Bis del Código Penal Federal que establece la imposición de una pena de 2 a 10 años de prisión a quien dañe, deseque o rellene humedales, manglares, lagunas, esteros o pantanos.
En los primeros días del mes de mayo, la Profepa realizó otro operativo a los desarrollos turísticos que se construyen en la denominada “Milla de Oro”, por lo que en una primera etapa tiene programada la revisión de 12 predios.
A la fecha, personal de la Profepa en Quintana Roo, ha realizado dos recorridos de supervisión, cuatro visitas de inspección en materia forestal, de las cuales los inspeccionados presentaron las autorizaciones vigentes de cambio de uso de suelo emitidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); así como dos inspecciones más en materia de impacto ambiental, siendo en una de ellas que se detectó el relleno de humedal con sargazo y arena de playa.
Es importante resaltar que los humedales son uno de los entornos más productivos del mundo, cunas de diversidad biológica y fuentes de agua y productividad primaria de las que innumerables especies vegetales y animales dependen para subsistir.
La Profepa continuará durante la siguiente semana con las actividades de inspección en los seis predios restantes contemplados durante esta primera etapa del operativo, a fin de verificar que las actividades y obras se realicen dentro del marco normativo vigente y en estricto respeto a la protección de la duna costera y de los ecosistemas de manglar; pero esto será motivo de posterior análisis en otra entrega de Hora 14.
