- Deberá reconectar el servicio a familia de escasos recursos
Cancún.- Una cascada de amparos de 40 personas se prevé contra la concesionaria Aguakan en Quintana Roo, luego de que una familia de escasos recursos ganó un amparo contra la empresa que deberá reconectarle el servicio de agua potable, en cumplimiento de la instrucción de un juez federal.
Un grupo de ciudadanos y abogados convocaron a la población a proceder de forma legal contra la empresa y lograr 3 mil firmas, a través de la instalación de mesas en octubre, en Benito Juárez y otra en Playa del Carmen, Solidaridad, que en breve se darán a conocer parque los quejosos se presenten con copia identificación, recibo de Aguakán, notificación, fotografías medidor y sellos.
El abogado, Jorge Chí Bahesa, explicó que el primero de los amparos que ganó la ciudadanía, es el antecedente de los abusos de la concesionaria en los municipios donde opera, y Cancún no es la excepción, existe inconformidad en Solidaridad e incluso en Puerto Morelos, donde la alcaldesa Laura Fernández Piña ya les cerró la puerta.
Exhibirán cortes ilegales y tarifas injustas
La intención es dar una alternativa viable a las familias de escasos recursos que no tienen para pagar las “multas” de Aguakan, a través de asesoría gratuita y procedimientos a favor de las víctimas de los atropellos de la empresa para exhibir cortes ilegales y tarifas injustas como el caso de la familia que ganó el amparo.
Los abogados reciben y dan trámite a la documentación de los quejos en ambos municipios y al intentar firmar un convenio les exigían mil 500 pesos, otros mil 500 por la reconexión y 6 mil 700 por el adeudo final, ya que la suma incrementó día a día a pesar de no consumir el vital líquido, según explicó el abogado de denuncias ciudadanas.
El juez federal en primera instancia otorgó la suspensión provisional, ya que Aguakán incumplió varias leyes como el artículo 81, que prohíbe hacer cortes de agua a casas domésticas, aunque después dijo Jorge Chí: “Un grupo de legisladores favoreció a la concesionaria, al obligar a los usuarios a firmar un convenio para la reconexión”.