Confirma Carlos Joaquín: existen cuatro denuncias en la PGR contra el ex gobernador Roberto Borge

Derecho de réplica

Yolanda Montalvo

 

Paulina García Achach, quien antes del 2011 se desempeñó como secretaria particular del ex gobernador, fue detenida ayer, acusada del delito de desempeño irregular de funciones públicas.

 

El gobernador Carlos Joaquín González dijo, de manera firme, que en su administración no existen privilegios para nadie y confirmó que a pesar de que no se ha liberado orden de aprehensión contra el ex gobernador, Roberto Borge Angulo, ya se presentaron cuatro denuncias en su contra en la Procuraduría General de la República.

Ya han sido detenidos hasta el momento dos funcionarios de la pasada administración y se tienen en integración cuando menos otros diez expedientes contra ex empleados señalados por presuntos actos de corrupción durante el anterior gobierno.

En entrevista, el mandatario señaló que la aprehensión de dos ex funcionarios de la pasada administración, que atentaron contra el patrimonio, es resultado del fortalecimiento de la transparencia y rendición de cuentas.

Eso es indicativo de que así es el postulado que prevalecerá durante la presente administración estatal, pues se continuará con el deslinde de responsabilidades.

“Derivado de estas revisiones, esas denuncias han llevado a un proceso y hoy la Fiscalía General y el Poder Judicial decidieron liberar esas órdenes de aprehensión, estaremos atentos a ello”.

Reconoció que la ciudadanía desea haya justicia pronta, pero señaló que este tipo de procedimientos tienen tiempos estipulados y aclaró que, de igual modo, a los indiciados la ley les permite el derecho a defenderse.

El gobernador fue entrevistado luego de conocerse la detención de Paulina García Achach, quien durante la administración de Roberto Borge Angulo fuera subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda, y también artífice de la enajenación irregular del patrimonio de Quintana Roo.

Cae la segunda

Paulina García Achach, quien antes del 2011 se desempeñó como secretaria particular del ex gobernador Roberto Borge, ex subsecretaria y posteriormente titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y mano derecha del hoy bajo proceso, Mauricio Rodríguez Marrufo, fue detenida ayer, acusada del delito de desempeño irregular de funciones públicaseso mientras comparecía en el edificio de juicios orales en la capital, lugar al que se le citó en torno al delito por el que es señalada por la Fiscalía General del Estado, después que el juez le negó el amparo. Sin embargo, la justicia fue más benevolente, pues mientras su ex jefe permanece en el Cereso de Chetumal, Paulina García Achach enfrentará dos procesos penales por negligencia en el desempeño de su función, pero los dos en libertad.

Pese a que se trata de ilícitos graves, el juez consideró que su participación no fue preponderante, como el de Mauricio Rodríguez Marrufo. En el caso de García Achach, un juez de Control decidió dictarle la medida cautelar de firma periódica en el juzgado cada 15 días, además que se acordó dictar una prohibición para salir de la ciudad y fijarle una garantía económica, que en nada se parece a una fianza del sistema tradicional.

Le embargan sus bienes

En el primer proceso en su contra, el juez sólo dictaminó que se presentara a firmar asistencia mientras se sigue el proceso; sin embargo, en un segundo juicio, el juzgador determinó para Paulina García Achach, el embargo de sus bienes por un monto de 39 millones de pesos, entre ellos un vehículo de lujo y propiedades en Cozumel.

En tres meses, periodo que determinó el juez, se conocerá el destino de García Achach; empero, dicen los que de leyes saben, que el juez puede determinar resarcimiento del daño. por lo que la ex subsecretaria, tendrá que devolver una cantidad determinada por los daños patrimoniales que provocó ya sea por comisión o omisión al pueblo de Quintana Roo

La intocable

Pese a ser señalada por la actual administración estatal, como la principal responsable de la venta a precios  por debajo de su valor real de diversos predios que se consideraban patrimonio del estado, y que hoy se encuentran en manos de accionistas ligados a ex funcionarios de la pasada administración de Roberto Borge, Claudia Romanillos, ex titular del Instituto del Patrimonio Estatal, no será detenida.

Claudia Romanillos salió listilla, pues logró que el pasado 4 de mayo, el juez Séptimo de Distrito otorgó una suspensión provisional, con lo que no puede ser detenida. La ex funcionaria borgista solicitó tres amparos ante el Juzgado Séptimo de Distrito, con residencia en Cancún, contra diversas autoridades, la suspensión provisional está asentada en el expediente 621/2017.

Sin embargo, existen dos expedientes producto de denuncias que hizo el gobierno estatal, el 601 y 622, para los cuales el juez le negó la suspensión provisional, por lo que existe la posibilidad de que sea por ese conducto legal, que se dé l detención.

Por lo pronto, Claudia Romanillos está obligada a comparecer ante el juez por las acusaciones en su contra, pero bajo la protección de la justicia federal.

Los amparados

Tal como lo hizo Claudia Romanillos, también Mauricio Rodríguez Marrufo intentó lograr un amparo, sin éxito, y ahora está en la cárcel de Chetumal. Sin embargo, ahora los ex funcionarios de la administración pasada hacen cola para pedir este recurso legal, pues como dice el dicho, “si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar”.

La lista de los que buscan ingresar a la lista de amparados son ex director de Ingresos del Ayuntamiento de Benito Juárez en la administración pasada y posteriormente suplente de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo; también personajes como Hugo Favio Bonilla Iglesias, a quien un regidor de Benito Juárez denunció por hacer “mal “ los cobros del predial.

Bonilla Iglesias, quien ya se sentía auditor del estado, pues sustituiría a Javier Zetina González “Javicho”, cuando éste presentó su denuncia, pidió para los expedientes en su contra, 518 y 520, ambos de 2017. El primero de ellos es en contra de todo acto del juez Primero Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, y el segundo, contra el juez Primero de Control del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Cancún, y lo que pide en cada caso es ampararse contra orden de aprehensión del ámbito penal. Tal como dice el dicho, “el miedo no anda en ex funcionario”….ummm…o algo parecido, por lo que se espera que más personajes se unan a la lista de los amparados. Tantán.

 

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