• Exige el CCE aplicar la ley

José Luis Montañez

Los empresarios llamaron los poderes Ejecutivo y Legislativo federal a hacer todo lo posible para atender el problema de inseguridad.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) exigió aplicación de la ley sin excepción, ante los inaceptables niveles de inseguridad e impunidad que se registran en el país, y que ya derivaron en el cierre de centros de distribución de Coca-Cola-Femsa y Lala, así como de la mina Dolores.

“Exigimos que se aplique la ley, sin excepción, sin ningún pretexto, a quien atente contra la vida o el patrimonio de los mexicanos. El mensaje es para todos los órdenes de gobierno.

“Los empresarios demandamos que no se postergue más la profesionalización de las policías; que se multiplique el estado de fuerza donde sea necesario y que se coordinen acciones con las fuerzas armadas cuando las autoridades civiles son rebasadas por la delincuencia”, dijo el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón.

Manifestó que “los altos niveles de violencia” que se registran en México generan un mal ambiente para la inversión, obstaculizan la actividad productiva, además de cierre de empresas y reducción de las posibilidades a tener una economía próspera.

El presidente del CCE dijo que “la impunidad con la que actúan los criminales en México y la omisión de las autoridades para proteger la integridad de los trabajadores e inversionistas, son inaceptables”.

Como también lo es la pasividad de las autoridades para actuar contra los grupos organizados que violan la ley y atentan contra el patrimonio de la sociedad sin ninguna consecuencia: normalistas y maestros en Chiapas, Michoacán u Oaxaca, quienes obstruyen vías de comunicación y saquean a repartidores de diversas empresas.

Castañón consideró que se debe actuar sin mayor dilación en la implementación de la fiscalía general autónoma y en la formación de ministerios públicos independientes, porque el peor enemigo actual es que el 95% de los delitos cometidos en el país se queda en total impunidad.

El líder de la cúpula empresarial aseguró que subieron los robos en autotransporte, hay asesinatos de políticos y siguen los ilícitos al alza.

Urge reforma en seguridad este sexenio: Coparmex

Por su parte, la Coparmex llamó a los poderes Ejecutivo y Legislativo federal a hacer todo lo posible para atender, revertir y solucionar el problema de inseguridad que impera en México.

Señaló que el crimen no opera conforme a los ciclos políticos, por lo que “la elección no es excusa para dejar la gobernabilidad como una segunda prioridad en la agenda”.

En un comunicado, apuntó que la transformación de las instituciones de seguridad pública requiere del mejoramiento del proceso de justicia en todas sus etapas, desde la prevención del delito y hasta el sistema de sanción y castigo.

Debido al esfuerzo de las organizaciones civiles y reportes internacionales, como los de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), existe consenso sobre las medidas que se deben tomar para lograr instituciones de seguridad y de justicia más confiables y con mayor coordinación, acotó el organismo dirigido por Gustavo de Hoyos.

Estas medidas deben considerar que la reducción sostenible del crimen no se logrará con el despliegue de fuerza, sino con diseñar estrategias que atiendan, mejoren y ordenen al sistema de justicia en su totalidad.

La prevención, profesionalización de las policías, procuración de justicia, sistema penitenciario y, por supuesto, el cambio institucional y legislativo son los cambios que se requieren en esta transformación, dijo.

“No es momento de esperar a que termine la contienda electoral, ni mucho menos de que tome posesión un nuevo gobierno en 2019. Es momento de actuar de inmediato”, reiteró la Coparmex.