Por la Derecha..!

Luis Ángel García

El crimen organizado y las autoridades ponen en riesgo el ejercicio profesional del periodismo. En los últimos tres años fueron asesinados cincuenta periodistas, muertes que han quedado en la impunidad. El clima de terror que viven los informadores lo propician las amenazas de la delincuencia, pero también las intimidaciones, las descalificaciones y la estigmatización que se hace desde las altas esferas del poder.

Ser reportero u opinador que denuncia lo mismo las acciones de la “narcopolítica” que las fallidas acciones de gobierno, la corrupción rampante que hay en las dependencias públicas o dar testimonio de la violencia que no para en el país es más que suficiente para que tirios y troyanos arremetan contra los comunicadores.

Los barones de la droga, los tratantes de personas, los traficantes de armas, cuando ven en riesgo sus negocios por información periodística aplican la fórmula de “plata o plomo” y comienza la compra de conciencias o las amenazas, las agresiones a los medios, los mensajes violentos que buscan frenar la actividad de los comunicadores. Cada día avanza más el cierre de empresas, otros han dejado de publicar la sección de nota roja, pocos practican el reportaje o la crónica policiaca, los editoriales no tocan el tema y los columnistas prefieren hacer tibios comentarios sobre la criminalidad.

La muerte de periodistas es un mensaje tatuado en la mente de sus compañeros. Con una impunidad de más del 90 por ciento, casi nadie está en la cárcel, aunque se separa que los autores intelectuales son el crimen organizado o servidores públicos de todos los niveles que se vieron exhibidos por sus corruptelas o connivencia con delincuentes.

Por otro lado, una relación comercial lícita entre el gobierno y los medios se juzga con una falsa postura moralina de combate a la corrupción periodística y por ello, el régimen mantiene como espada de Damocles la publicidad oficial. Históricamente, la administración pública presupuesta una partida importante de recursos para pagar anuncios sobre las acciones de las dependencias públicas para informar a la población sobre obras o servicios que se realizan. Pero como para la mente retorcida de la 4T todos los periodistas y medios son corruptos, hay que cerrarles la llave y solo beneficiar a los grupos afines, los simpatizantes, los corifeos, aunque no tengan gran presencia ante la opinión pública.

Pero también desde Palacio Nacional se intimida, se agrede, se descalifica, se sataniza y estigmatiza a los comunicadores y a los propietarios de los medios cuando no se subordinan -como los secretarios de Estado-, a los caprichos u ocurrencias del tlatoani. Más aún, se les exhibe con señalamientos falsos, se ridiculiza información cierta o se minimizan las denuncias con el consabido “yo tengo otros datos”. El emblemático Novedades de Acapulco acaba de cerrar su edición impresa por falta de anuncios oficiales.

Cierto, los medios de comunicación tradicionales deben migrar a nuevos nichos de mercado, buscar otras audiencias y nuevas formas de financiamiento, pero es un error suponer que la publicidad oficial, per se, es generadora de corrupción. Las autoridades no deben contribuir con su actitud a fomentar el clima de terror, de autocensura, de descalificación de los informadores, como lo hace el crimen organizado. No maten al mensajero.

Obligación del gobierno es garantizar el libre ejercicio del periodismo, salvaguardar la libertad de expresión, frenar la violencia, prevenir las agresiones a comunicadores con un mecanismo eficiente de protección a periodistas y esclarecer la muerte de esos reporteros o comentaristas. El gobierno no debe acallar las voces disidentes ni encubrir a los delincuentes. Socialmente es más importante acabar con la impunidad.