Caminos del Mayab
Martín G. Iglesias
Si alguien atenta contra el bolsillo del pueblo, se convierte en enemigo público; es más, el refrán popular lo dice más claro, “métete con el santo, menos con la limosna”, lo que indica que en esta precaria situación, cualquier cosa que represente desembolsar unos pesos, la sociedad en su conjunto lo reprobará.
Lamentablemente en Benito Juárez, en esta última administración que encabeza el perredista-panista Julián Ricalde Magaña, se han visto dos incrementos importantes: el primero tiene que ver con el predial y el segundo con el cobro de la basura, aunado a los otros cobros pequeños como la expedición de permisos para la venta en la vía pública y la recaudación de la dirección de Tránsito municipal por “diversos conceptos”, dígase el Centro de Retención (El Torito) y la cacería por parte de “los tamarindos” a los automovilistas.
Ojalá usted pueda analizar esto: Julián Ricalde Magaña dijo el 10 de abril de 2011, cuando tomó posesión como presidente municipal de Benito Juárez, que no usaría el puesto como trampolín, que terminaría su mandato, hoy amenaza con irse en estos días como candidato a una diputación local, por cualquiera de las dos vías, dejando un caos, desorden y muchos pendientes tales como el de seguridad pública, reglamentación de la prostitución, comercio en la vía pública y el más reciente, el tema del transporte urbano.
“El Príncipe” Ricalde, disgustado por los cuestionamientos a los múltiples yerros cometidos por sus colaboradores, arremetió contra los medios de comunicación de quienes dijo: “… la mayoría, la mayoría salvo algunas excepciones sirve para la pipí de los perros”; con lo que deja manifiesto que no le ha gustado que publicaran sus excesos como presidente municipal y mucho menos la “diarrea verbal” de la que hace gala en su programa de radio.
No quiere que le recuerden que tiene tres solicitudes de juicio político, dos interpuestas por el Partido del Trabajo y una por el diputado Alejandro Luna López. No quiere que le recuerden que no ha dado información clara y expedita de los 89 y 229 millones de pesos del ayuntamiento desaparecidos entre 2009 y 2011.
No quiere que le recuerden que por falta de seguridad en menos de un mes asesinaron a una joven en el céntrico Jacinto Canek; que siete policías municipales balearon en condiciones sospechosas a un joven; que dos policías violaron a una niña de 12 años, que un joven fue violado por cinco personas más en “El Torito”, que soborna con puestos públicos a los partidos del PAN-PRD.
Otra cosa más que le podrían recordar los electores a Julián Ricalde es la traición que ha marcado su carrera política, al haber arremetido contra a su ex mecenas, Gregorio Sánchez Martínez, quien le respondió en la puerta de sus oficinas y le gritó traidor, mentiroso y cobarde.
Traicionó a la familia Joaquín, a quienes les declaró la guerra a través de Mario Joaquín Moguel, a quien acusó de estar involucrado en la desaparición de los millones de pesos en el ayuntamiento.
En pocas palabras, las actitudes de Julián Ricalde son como las de un dictador, “si no estás conmigo, estás contra mí”, no hay lugar para la libre expresión en su administración, muestra de ello la dan dos personajes despedidos en menos de tres meses: El ex secretario Eduardo Galaviz y la ex directora de relaciones públicas, Haydee Saldaña.
¿De que no quiere Julián Ricalde que se entere la sociedad a través de los medios, que su director de Fiscalización se auto robó 100 mil pesos de los cancunenses?
¿Que su ex directora Graciela Saldaña Fraire extorsionaba a empresarios y tiene nexos familiares con gente ligada al narcotráfico? ¿Que realiza excesivos gastos con cargos al capítulo 1000 con el rubro de “gastos personales”? ¿Será que no desea que nos enteremos del presunto desvío de los recursos del Subsemun, con las famosas marchas exploratorias que cuestan millones de pesos?
Las pruebas están, solo que los declarantes no desean salir a luz pública por temor a perder su fuente de empleo, o ser víctimas de las presiones del grupo de Julián Ricalde por haber “abierto la boca”. Al final, el elector tendrá la última palabra.
OBSERVATORIO
Un dato importante que destaca la Procuraduría General de la República (PGR) es que ha iniciado 18 mil averiguaciones previas en contra de servidores públicos en los 32 estados del país; las entidades con mayores denuncias por peculado, ejercicio indebido del servicio público, contra la administración de la justicia, desaparición de personas, así como por abuso de autoridad son el Distrito Federal, Nuevo León, Jalisco y Tamaulipas.
Contrario a ello, la misma PRG dijo que Quintana Roo, Zacatecas, Colima, Aguascalientes, Hidalgo, Tlaxcala y Campeche son las entidades donde se ha recibido menores denuncias, lo que demuestra que el gobernador Roberto Borge Angulo está llevando por el camino de la justicia a la administración pública.
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