Actualizan datos catastrales

• Propietarios de 73,500 predios verán reflejado un aumento en el pago de impuesto

En Cancún buscan dar certeza jurídica a los benitojuarenses y un mejor valor al patrimonio de la ciudadanía.

Cancún.— Con la actualización y homologación de las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones en el Municipio de Benito Juárez, el director de Catastro del Municipio de Benito Juárez, Heyden Cebada Ramírez, señaló que el gobierno municipal busca dar certeza jurídica a los benitojuarenses y un mejor valor al patrimonio de la ciudadanía.

En entrevista posterior a la firma del convenio de colaboración de información catastral del Instituto Geográfico y Catastral de Quintana Roo (IGECE) y Benito Juárez, Cebada Ramírez, informó que de los 384 mil predios que se tienen registrados en la ciudad, únicamente 73 mil 500 predios, es decir, el 20 por ciento, verán reflejados un aumento al momento de hacer el pago del impuesto predial.

Añadió que esta modificación es principalmente un beneficio para las y los cancunenses, ya que podrán conocer el valor real que tienen sus inmuebles, apegados a la realidad, tanto en valor comercial como fiscal; al igual que significa un ahorro, al no tener que gastar en avalúos para saber cuánto cuesta realmente su propiedad.

Destacó que al mapear en la plataforma del Gobierno del Estado todos los predios, se marcaron zonas en donde estaban los parámetros se encontraban muy alejados entre los valores catastrales y valores comerciales, por lo que se tomó a la tarea de regularizar el costo de la tierra en Benito Juárez.

Finalmente, aclaró que no debería haber una preocupación por un incremento en el pago del impuesto Predial, ya que el valor catastral está conformado por el valor de la tierra y del valor de las construcciones, por lo que este impuesto no se puede elevar mucho.

Sectores público y privado, contra la corrupción

El gobierno del estado, a través de la Secretaría de la Contraloría, busca impulsar la cultura de la integridad en el sector privado.

La capital del estado fue la sede de este encuentro entre el personal de la Secretaría de la Contraloría y representantes de las cámaras empresariales, sociedad civil organizada y académicos, en el cual se realizó un consenso para implementar acciones que impulsen la cultura de la integridad de las personas morales, para que mediante controles internos y un programa de integridad, las empresas desarrollen una cultura de ética que refuerce el Sistema Estatal Anticorrupción. Personal de Contraloría explicó que la Ley General de Responsabilidades Administrativas, regula en forma clara y expresa la importancia y valor legal de las políticas de integridad corporativa.

Señalaron que, el Programa de las Naciones Unidas (PNUD) México ha desarrollado y adaptado herramientas de integridad corporativa dirigidas a las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas, incluyendo ejemplos para su implementación.  El subsecretario de Fiscalización e Investigación de Obra Pública, Adquisiciones y Servicios, Alán Herrera Borges mencionó que para el Gobierno de Mara Lezama Espinosa es fundamental trabajar de la mano con todos los sectores de la sociedad y que a través de estas mesas se busca incorporar las propuestas en un documento que posteriormente se incorporará en el Plan Estatal de Desarrollo.

Por su parte, Raúl Cáceres Urban, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo dijo que, uno de los objetivos del Sistema Nacional Anticorrupción y de la Política Nacional Anticorrupción es atacar las causas que originan la corrupción con acciones preventivas. En este sentido, promover la ética y la integridad en el sector privado y el sector público forma parte de estas acciones.

Finalmente, Mario Esteban Luévano Cataño, titular de la Comisión de Mejora Regulatoria del Estado, dijo que aunado al trabajo que se realice para prevenir los actos de corrupción, se implementarán diversas estrategias para vigilar el marco legal que tiene cada trámite o servicio para que estos sean una herramienta funcional de vinculación entre el ciudadano y el gobierno.