Por la Derecha..!
Luis Ángel García
La inseguridad no sólo tiene un lamentable costo en vidas humanas -155 mil homicidios dolosos en lo que va de este sexenio y contando- o en la pérdida de la gobernabilidad en más de un tercio del territorio nacional, donde sienta sus reales el poder fáctico del crimen organizado, también tiene un costo económico y el Instituto para la Economía y la Paz estima que los niveles de violencia costaron a México 4.6 billones de pesos en el 2022, lo que representa el 18.3 del Producto Interno Bruto (PIB). La organización de la sociedad civil consideró que el impacto económico de la violencia para cada mexicano fue de 35 mil 705 pesos, más del doble del salario promedio mensual de un trabajador. Los maestros apenas alcanzarán este año los dieciséis mil pesos al mes y hay policías “bien pagados” que no llegan a los quince mil pesos.
El Instituto para la Economía y la Paz calculó que el impacto de la violencia es seis veces más que las inversiones públicas realizadas en el sector salud y más de cinco veces superior a las hechas en educación en el 2022. La organización informó que Sonora, Morelos, Guanajuato, Baja California, Zacatecas y Colima fueron las entidades menos pacíficas el año pasado. Este 2023 parece que la tendencia se mantendrá, a pesar de que al menos cuatro entidades son gobernadas por la 4T. En los últimos ocho años se ha deteriorado la paz en el país en un 14.8 por ciento, según diversos indicadores de delincuencia. Finalmente, el Instituto precisó que por la inseguridad se perdieron 16 mil millones de dólares -324 mil millones de pesos-, en inversión extranjera directa.
Las cifras anteriores comprueban que la fallida estrategia de seguridad -si es que alguna vez existió alguna-, no regresó la paz ni la tranquilidad social. Sin lugar a duda, ésta será la administración más violenta desde la época de Carlos Salinas de Gortari; pasará a la historia como el gobierno con más homicidios dolosos, 150 mil y todavía faltan 16 meses para que concluya este sexenio. Aunque con el uso faccioso y tramposo de las estadísticas, la 4T ha pretendido minimizar la violencia contra las mujeres, la verdad es que es la etapa con más feminicidios desde que hay registro de esas muertes, por el simple hecho de ser mujer, incluso ni con las muertas de Juárez hubo tanta violencia y odio contra el género femenino.
La violencia que genera el crimen organizado no sólo se percibe en el número de muertos a manos de los sicarios, sino en el desplazamiento real que han hecho los mafiosos de las autoridades para ejercer las funciones de la gobernabilidad, no sólo a través de la violencia política, sino con la imposición de candidatos y las amenazas a los votantes. La pérdida de la gobernanza también afecta el Estado de Derecho y mina la confianza empresarial que se niega a invertir por la incertidumbre que provoca el propio gobierno que no garantiza el respeto a la ley ni da certeza jurídica a los inversionistas.
Así que la seguridad pública será una asignatura pendiente, toda vez que parece que nada cambiará en lo que resta de este régimen. Persistirá la ausencia de una estrategia eficaz para combatir el delito y restaurar la tranquilidad y paz social, a pesar de la militarización de las funciones de seguridad. La 4T se empecina en incorporar a la Guardia Nacional a la Sedena, a pesar del fallo de la Corte, y aunque las fuerzas armadas están en las calles, sin preparación ni tácticas para enfrentar a los delincuentes -abrazos y no balazos-, sigue la violencia, las masacres, los secuestros, los asesinatos y una estela de crímenes que parece imparable.
