Programa del Alcoholímetro aún no tiene para cuándo, en Cancún

 

Aún se encuentra en planeación

 

  • Operativos contra conductores ebrios son necesarios para garantizar seguridad

 

Los operativos del Alcoholímetro son necesarios para garantizar la seguridad de automovilistas y transeúntes, no obstante, su regreso en Cancún aún se encuentra en planes.

 

Chetunal.— Efraín García, director de Tránsito de Quintana Roo, informó que los operativos del Alcoholímetro son necesarios para garantizar la seguridad de automovilistas y transeúntes, no obstante, su regreso aún se encuentra en planes y no hay fecha definida para su reinicio en Cancún.

“Aunque aún no van a desplegarse, sólo se busca crear conciencia y así evitar accidentes”, declaró. Efraín García, quien afirma que no se tiene plan recaudatorio y por tal motivo el operativo alcoholímetro de momento no se estará aplicando.

Mientras tanto, estarán realizando operativos de concientización para la población “Los operativos de alcoholímetro son importantes y siempre lo serán sobre todo para reducir los accidentes; sin embargo, el objetivo es cero recaudaciones y sí concientización”, manifestó.

Finalmente destacó que la cultura vial es uno de los principales retos que se tienen a su llegada en esta Dirección, toda vez que los accidentes son cada vez más constantes, principalmente entre conductores de motocicletas.

Crisis de vivienda en Puerto Morelos

Puerto Morelos fue declarado municipio en 2016 por el Congreso del Estado de Quintana Roo y abarca desde el Ejido de Leona Vicario hasta los límites con los municipios de Lázaro Cárdenas y Solidaridad (Playa del Carmen). De acuerdo con información del Inegi, hasta el 2010 se contabilizaban 9 mil 188 habitantes, pero para 2021 ya eran 26 mil 921, lo que significa que su población se disparó en un 293% en apenas 11 años, es decir, que también se elevaron las necesidades de servicios para los habitantes y sus visitantes.

La Secretaría de Turismo del Estado reportó que, en 2022, Puerto Morelos recibió 950 mil turistas, lo que representa una necesidad mayor de cuartos de hotel, de tal manera que, las rentas vacacionales a través de las aplicaciones también se han disparado considerablemente, como ocurre casi en todo el territorio quintanarroense, dejando ya serias afectaciones en diferentes aspectos.

Por ejemplo, como consecuencia de lo anterior, muchas familias de la población que lleva años habitando Puerto Morelos han sido desalojadas; y es que, desde hace un lustro aproximado se han quedado sin las viviendas que rentaban, luego de que les han incrementado las tarifas en números exorbitantes, que les resultan impagables.

Los propietarios piden ahora, rentas de hasta 8 mil pesos en promedio, pues ahora les resulta un mejor negocio o ofertarlas como rentas vacacionales por día o mes; teniendo mayores ganancias. Aunado a lo anterior, las nuevas zonas habitacionales ahora están encaminadas a personas de alto poder adquisitivo.

Cabe mencionar, que muchos de los afectados por esta situación tuvieron un acercamiento durante la última visita del presidente Andrés Manuel López Obrador al estado y le entregaron un documento en el que le hacen saber sobre la crisis de vivienda en Puerto Morelos, no obstante, hasta ahora no han sido escuchados, aseguran.

“Hay desarrollos inmobiliarios de alto auge, que sobrepasan el valor de un millón de pesos. Habitantes de Puerto Morelos, entre ellos gente nativa, nos hemos visto en la penosa necesidad de violar la ley, orillados así a defender un pedazo de tierra para poder brindarle un hogar a nuestras familias, pues es demasiado el costo que los proyectos inversionistas ofrecen y que no nos alcanza a pagar ni en sueños”, detalla el documento presentado por Paulina López, una de las más de 600 personas afectadas en el municipio.

Ella recalcó que, además de su denuncia; el secretario general del Ayuntamiento, José de Jesús Espinosa Payán, entregó a la Agencia de Proyectos Estratégicos (Agepro) y a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedetus), una lista de mil 350 personas con necesidad de vivienda, es decir, más de 700 adicionales a las que se incluían en el primer registro.

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