El Senado de la República aprobó, por mayoría, la prohibición constitucional de los vapeadores y cigarrillos electrónicos, así como el uso ilícito de fentanilo y otras drogas sintéticas.

Los legisladores oficialistas avalaron el dictamen que reforma los artículos 4 y 5 de la Constitución para restringir la producción y venta de estos dispositivos, pese a los llamados a una regulación.

Senadores del PAN, del PRI, MC y Morena presentaron reservas para modificar el dictamen, sin embargo, la asamblea no las aceptó y el documento quedó en sus términos, por lo que fue aprobado y enviado a las legislaturas de los estados y, de aprobarse en 17 de ellos, la reforma será constitucional.

También se prohíbe desde la Carta Magna la fabricación y distribución de sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas, como el fentanilo ilegal, un narcótico que ha despertado presiones de Estados Unidos.

Además, queda prohibida la profesión, industria, comercio interior o exterior, trabajo o cualquiera otra actividad relacionada con dichos temas.

 

Se abren las puertas al mercado negro, advierten

 

Previo a la aprobación del dictamen, en el debate, los senadores de oposición se manifestaron en contra alegando que la prohibición de vapeadores no resolverá el problema del consumo, sino que abrirá las puertas al mercado negro.

La senadora de Movimiento Ciudadano (MC), Alejandra Barrales, consideró que la medida prohibicionista da pie a que se fortalezca el mercado negro.

“Es posible que, ante la prohibición del comercio de cigarrillos electrónicos, la oferta se desplace al mercado negro, es una medida natural, fortaleciendo al crimen organizado y exponiendo a los consumidores a productos de baja calidad y con sus consecuentes riesgos sanitarios”, resaltó.

A nombre de las comisiones de Salud, Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, el senador Enrique Inzunza Cázarez aseguró que las reformas no sólo abarcan la protección de la salud, sino también el fortalecimiento de la seguridad pública y la lucha contra el crimen organizado.

Con el proyecto, subrayó, se deja testimonio claro de la posición del Estado mexicano frente al concierto internacional, de que la protección y el bienestar de todas las personas son la razón de ser de las instituciones en nuestro país.

Por su parte, Lilia Margarita Valdez Martínez, de Morena, indicó que, de acuerdo con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, 938 mil adolescentes han usado alguna vez un vapeador y 160 mil lo consumen, por eso la intención de la reforma es proteger la salud de los menores; mientras que del fentanilo establece que estará prohibido en su uso ilícito, pero se utilizará en su forma médica.

 

Mercado con un valor aproximado de 5 mil mdp anuales

 

Los vapeadores o cigarrillos electrónicos son productos que rápidamente se hicieron populares en México desde su llegada al país, en 2006, y cuentan con cerca de 2 millones de usuarios, una cifra que aumenta cada año. Su mercado tiene un valor aproximado de 5 mil millones de pesos anuales, de acuerdo con la organización Pro-Vapeo.

En 2020, el gobierno mexicano quiso prohibirlos con una ley federal, argumentando sus efectos dañinos en la salud, pero un año después la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional esas reformas por violar la libertad de comercio y el desarrollo de la libre personalidad de la ciudadanía, otorgando un amparo a las empresas tabacaleras para vender sus dispositivos a cambio de más compromisos.

Aquella decisión sembró la semilla de un mercado negro, pues las empresas legales debieron incrementar el costo de sus productos para cumplir con estrictos requisitos como ingredientes de alta calidad, supervisiones sanitarias, una subida en los impuestos y más campañas de difusión para prohibir la venta a menores de edad.

El crimen organizado aprovechó esos nuevos costos y la alta demanda para ofrecer productos de bajo costo con ingredientes de mala calidad, que no están certificados, no tienen gravamen y se venden a todo el público, especialmente a niños y adolescentes, para quienes ha creado sabores especiales, como frutales, algodón de azúcar o goma de mascar.

 

“Esto no va a acabar con los vapeadores”

 

«Esa decisión acaba con cualquier esperanza de regulación, como ya se hace exitosamente en México con el tabaco o con el alcohol, que está fuertemente supervisado y cuya venta es exclusiva para mayores de edad. Esto no va a acabar con los vapeadores, sólo acabará con los legales y cederá todo el mercado a los de contrabando”, aseguró  la doctora Angélica Ospina, experta en reducción de daños.

En diciembre de 2023, México vio en redes sociales la evidencia de que los cárteles están detrás del negocio de vapeadores: dos adolescentes fueron torturados en la calle por hombres armados que los obligaron a caminar desnudos con un letrero en el que se leía «Esto me pasa por vender vapeadores sin permiso”.

El video se volvió viral después de ser grabado por varias personas en la ciudad de Guasave, Sinaloa, bastión de Los Chapitos, quienes otorgan el «permiso” de venta a cambio de una comisión.

Siete meses más tarde, en julio de este año, un alto mando del Ejército mexicano en Culiacán reveló que se han descubierto laboratorios clandestinos donde se produce aceite de cannabidiol, con el que se rellenan vapeadores del crimen organizado.

En la Ciudad de México, el control de los vapeadores está en manos de La Unión Tepito, un grupo que tiene su propia división de proveedores llamados Los Marcopolo, que viajan tres o cuatro veces al año a China para comprar toneladas de vapeadores y llevarlos a México de forma ilegal vía marítima.

Una vez que los vapeadores arriban a Centroamérica, el cártel entrega sobornos desde Panamá hasta México para llevarlos hasta sus bodegas en Ciudad de México y luego repartirlos por todo el país. En los últimos años, autoridades capitalinas han hallado que estos vapeadores contienen metanfetaminas e, incluso, fentanilo.

Algunos de estos vapeadores llegan a destinos turísticos, por ejemplo, Puerto Vallarta, donde los negocios legales son obligados a venderlos y entregar una porción de los ingresos al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Con esas ganancias, los grupos criminales pueden financiar armas, municiones, equipo táctico y otros recursos que han contribuido a que México tenga, desde hace 10 años, un promedio de 30 mil 100 homicidios cada año.

«Si se regulan los vapeadores, habrá menos riesgo de un mercado negro, como ya pasa con el alcohol. Pero si se prohíben, será como dar un regalo millonario al crimen”, afirmó la organización civil Poder Ciudadano.