- Se calcula que Eduardo Córdoba Bautista abusó de 120 adolescentes, aunque se cree que irán emergiendo más casos
Finalmente, el gobierno potosino procedió a realizar los trámites para que el sacerdote, Eduardo Córdova Bautista sea enjuiciado.
El procurador estatal, Miguel Ángel García Covarrubias, informó que un juez giró una orden de aprehensión contra el ex sacerdote Eduardo Córdova Bautista, acusado de pederastia. Por ello, anunció que la Procuraduría de San Luis Potosí ya emprendió su búsqueda.
Córdova Bautista ya es considerado prófugo de la justicia y una vez que sea aprehendido será investigado por presunto abuso sexual en contra de menores. El procurador no descartó la posibilidad de solicitar la ayuda de la Policía Internacional para localizarlo.
El vocero de la Iglesia católica potosina, Jesús Priego, dijo al respecto que la procuraduría ya le solicitó formalmente información sobre el pederasta. Explicó que la dependencia solicitó los domicilios del ex sacerdote, lo que ya fue entregado, aunque recordó que Córdova no ha sido visto en San Luis Potosí desde el 9 de abril.
El personaje en cuestión es considerado el más grande pederasta en la historia de la Iglesia católica en México, cuyo daño causado parece rebasar al de Marcial Maciel, quien fuera fundador de los Legionarios de Cristo.
El ex sacerdote está acusado de la violación de un centenar de menores de edad en la Arquidiócesis de San Luis Potosí a lo largo de un periodo de casi 30 años en los que se manejó con impunidad.
Informes de las autoridades judiciales sobre el caso señalan que Córdova Bautista drogaba a sus víctimas, que padece una patología sexual incurable; que fue protegido por la jerarquía católica de San Luis Potosí desde la década de los 90, que tres arzobispos están bajo sospecha de no haber actuado cuando debieron, y que abusó de no menos de 120 adolescentes, aunque se cree que irán emergiendo más casos.
El pasado 4 de junio, el Vaticano halló culpable del delito de abuso sexual contra un menor al sacerdote mexicano Eduardo Córdova y le retiró definitivamente del sacerdocio católico, con un decreto transmitido a la Arquidiócesis de San Luis Potosí.
Se dijo que tras analizar los testimonios y las pruebas aportadas, la Congregación para la Doctrina de la Fe impuso al clérigo la “dimisión del estado clerical”, pena reservada a los casos más graves.
La sanción “ex officio” (según su nombre técnico), no requirió la aprobación del Papa, ya que fue dictada después de un proceso administrativo durante el cual el sacerdote prefirió no defenderse, mientras la víctima aportó material suficiente para probar la culpabilidad.
