• Desde 2010 hubo tres investigaciones contra Abarca; por falta de elementos no hubo acción legal

José Luis Montañez

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, hizo una recapitulación de los trabajos que se despliegan para desentrañar el caso de los normalistas desaparecidos.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reconoció que el gobierno vive el momento más difícil tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. “Este es -dijo- el problema más grave que ha tenido este gobierno, sin duda. Lamentablemente, se ha dado una circunstancia que no sólo a nivel nacional, sino internacional, nos ha lastimado”.

El funcionario agregó: “La verdad es que estamos en un momento difícil, pero tengan la seguridad de que vamos a superar este conflicto, y evitaremos que vuelvan a darse hechos como los que se vivieron hace ya más de un mes”.

Reveló que en 2010, 2011 y 2012 se abrieron investigaciones contra el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, por crimen organizado; sin embargo, fueron cerradas por falta de elementos para emprender una acción legal.

Explicó que fue hasta esta administración, en agosto pasado, cuando se abrió una nueva investigación contra Abarca por enriquecimiento ilícito, la cual permitiría actuar conforme a la ley. Sin embargo, indicó, luego se dieron los hechos violentos del 26 de septiembre.

El secretario afirmó que la reunión sostenida la tarde del miércoles entre el presidente Enrique Peña Nieto y los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos fue respetuosa y no hubo ningún momento de violencia.

Expuso: “Fue una reunión larga porque el presidente le dedicó todo el tiempo a escuchar a cada uno de los padres, que expresaron su sentimiento de malestar y el enojo. Hasta el final fue cuando el presidente hizo uso de la palabra e hizo compromisos”.

En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuestionó los avances de México en materia de derechos humanos durante una tensa audiencia marcada por los casos de Iguala y Tlatlaya.

Los comisionados del organismo y el secretario ejecutivo de la organización, Emilio Álvarez Icaza, exigieron resultados concretos. Reconocieron esfuerzos legislativos, pero pusieron en duda su implementación. “Los recientes casos de desapariciones son incidentes extremadamente graves, pero no son aislados”.