“Hora 14”
Mauricio Conde Olivares
Ahora que la pareja de José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda rinden declaración ante el Ministerio Público, la pregunta es en qué penal estarán internados durante su deslinde procesal por los asesinatos de 6 personas y desaparición forzada de otros 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, cuando hasta en los centros de reclusión calificados como de “máxima seguridad” han ocurrido célebres fugas y no se digan las lamentables condiciones de las cárceles del fuero común en todo el país, algunas sometidas por cárteles del narcotráfico.
El problema estriba en que el gobierno de las prisiones que dependen de los poderes ejecutivos estatales, tiene que estar a cargo de las autoridades públicas legítimamente designadas para ello y no en manos de los internos, ni de grupos relacionados con la delincuencia organizada. Lo que constituye una debilidad institucional injustificable.
Entonces, ¿de qué serviría que Abarca y su esposa sean recluidos en un penal donde impere el crimen organizado? En este dilema no sólo asistimos a la plena degradación del tejido social y el desplome de las instituciones públicas que significa la masacre en Iguala, sino en lo que le sigue que es la obsolescencia y rezago en la procuración e impartición de justicia, la plenitud de la impunidad que hace nula la reinserción social de los internos.
Como también es inaceptable que desde el interior de las cárceles se organicen y sigan operando delitos, que impactan de manera directa a la población en contra de la seguridad ciudadana; como también lo es el régimen de autogobiernos y cogobiernos en gran porcentaje de los centros penitenciarios, cuenta clara de la debilidad institucional y de gobierno por parte de las autoridades responsables, en un entorno de estructural fomento y tolerancia a la corrupción dentro de este tipo de espacios.
Se trata de amplios espacios para la corrupción e impunidad, generadores de una enquistada subcultura burocrática y penitenciaria de extorsión, violencia y desatención prevaleciente en el sistema penitenciario nacional.
Según el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las condiciones de gobernabilidad en las cárceles son la normatividad que rige al mismo centro, personal de seguridad y custodia, sanciones disciplinarias, autogobierno/cogobierno, actividades ilícitas, extorsión y sobornos, así como capacitación del personal penitenciario.
En una calificación del uno al diez, según el análisis del 2013, ésta es la gobernabilidad en algunos centros federales de reclusión como el Femenil del “Rehilete” en Islas Marías, que es de 6.59 puntos; de 7.9 puntos el Cefereso de Guasave, Sinaloa o de 7.66 puntos el del Altiplano de Nayarit.
Tomemos como ejemplo además la cárcel de Cancún, en el principal destino turístico de México y del Mar Caribe, la gobernabilidad del penal es de tan solo 4.42 puntos de diez posibles para la CNDH; obtuvo 3.93 puntos en los aspectos que garantizan la integridad física y moral del interno; de 4.65 en los aspectos que garantizan una estancia digna y de 6.16 en grupos de internos con requerimientos específicos. Así o más deplorable.
En Quintana Roo se espera que el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015 contemple una inversión de mil 200 millones de pesos para construir en Leona Vicario, municipio de Benito Juárez, un Centro de Reinserción Social, en su primera etapa.
El anteproyecto de este penal estima una población interna de mil 500 reos clasificados como de media seguridad y 350 de alta seguridad, además del área femenil, de tal forma que termine el actual hacinamiento de las cárceles de Cancún y Playa del Carmen en lo que respecta a sentenciados y procesados de la zona norte del estado.
Este es tan solo uno de los rezagos sociales más lacerantes del país, mientras el presidente Enrique Peña Nieto convoca a la representación del Estado mexicano, a las fuerzas políticas y a la sociedad, para emprender cambios que impidan que se repitan casos como el de la agresión a estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en Guerrero.
Al respecto, el alcalde de Benito Juárez, Paul Carrillo, dijo que estará atento al llamado del presidente Peña Nieto y destacó la reciente dotación de nuevas patrullas y motopatrullas a su gobierno, así como la incorporación de 85 nuevos elementos policiacos; también resaltó que “siempre estaremos atentos a lo que la Federación nos indique en materia de seguridad”. Pero esto será motivo de análisis en otra entrega en punto de la Hora 14.
