- Hubo errores garrafales las 72 horas siguientes a la masacre de Iguala: diputados
El Senado desechó la solicitud del PAN, para desaparecer los poderes en Guerrero y dio por concluida la discusión. Se ordenó al diputado panista José Rosas Aispuro declarar el caso como cerrado.
Por unanimidad, el Senado desechó la solicitud de desaparición de poderes solicitada por Acción Nacional, al argumentar la Comisión de Gobernación que los poderes Legislativo y Judicial están trabajando, además de que ya se eligió a un gobernador interino.
“Aprobado en consecuencia, archívese el asunto como totalmente concluido, notifíquese a las senadoras y senadores promoventes”, instruyó el presidente en turno de la mesa, el panista José Rosas Aispuro. En el dictamen aprobado, “se declara improcedente la petición formulada por diversos senadores del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional”.
Durante el debate, que se postergó desde el pasado jueves, senadores del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano exigieron que no haya mantos de impunidad y que se castigue a todos los responsables, ya sea por omisión o por comisión, pero sobre todo que se encuentre a los 43 normalistas como una prioridad.
El priista Omar Fayad, quien coordinó los trabajos, dijo que el Senado pudo constatar en los hechos que el desarrollo del poder público en el estado de Guerrero estaba en pleno funcionamiento, tanto el Legislativo, el Judicial “y que el gobernador del estado se encontraba en reuniones de trabajo y de coordinación con la federación”.
Por su parte, la vicecoordinadora perredista Dolores Padierna recordó que no solo el gobierno federal tiene responsabilidad porque conoció de denuncias previas, sino también los gobiernos perredistas que cobijaron a personajes como el alcalde de Iguala.
El panista Javier Corral señaló que “Creemos que la renuncia de Aguirre puede mejorar las condiciones en Guerrero”.
En tanto, la Comisión Especial de seguimiento a las investigaciones relacionadas con los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, concluyó en un informe preliminar que el Estado cometió “errores garrafales” en las primeras 72 horas al no actuar puntualmente como lo establecen los protocolos internacionales de organismos de derechos humanos.
En sesión ordinaria, el Pleno abordó el informe que dice que el caso presenta tres elementos básicos de una desaparición forzada. Ellos son, “la privación de la libertad, el no saber dónde están los jóvenes; que la privación de la libertad haya sido hecha por particulares o por la autoridad, en este caso los policías municipales, y la negación del paradero hasta el día de hoy de los jóvenes”.
De acuerdo a estándares internacionales, la instancia legislativa determinó una ausencia de estándar nacional homologado desde los puntos de vista penal y pericial para realizar un seguimiento estricto de protocolos de búsqueda y localización de personas.
