“Hora 14”
Mauricio Conde Olivares
Roberto Borge Angulo, ex gobernador de Quintana Roo, ha cubierto las primeras planas desde su captura en Panamá.
Ahora que el drama de Roberto Borge Angulo, ex gobernador de Quintana Roo, ha cubierto las primeras planas desde su captura en Panamá, conviene saber quiénes presuntamente le ayudaron a desviar casi 25 mil millones de pesos de las arcas públicas, que ahora representan para cada uno de los habitantes del estado el ingrato primer lugar nacional per cápita en materia de deuda pública.
Por ejemplo, en el caso del quebranto al Instituto de Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública de Quintana Roo, se pusieron a la venta a ínfimos precios entre el 1 y 6% del valor comercial real, 9 mil 500 hectáreas de reserva territorial de Quintana Roo (equivalentes a seis veces la totalidad de la Zona Hotelera de Cancún), a precio de remate 44 predios, lo que significó un quebranto o daño patrimonial a la Cuenta Pública estatal estimado en mil 99 millones 492 mil 370 pesos.
Este es el detalle de desincorporación de la reserva por municipio: Se vendió la reserva territorial del 7% de Bacalar; 10% de Felipe Carrillo Puerto; 20% de Tulum; 23% de Cozumel; 33% de Benito Juárez; 52% de Solidaridad y más del 60% de Puerto Morelos.
Aquí presumiblemente participaron Claudia Romanillos Villanueva, ex directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado; Soraya Guadalupe Herrera Manzanilla, ex coordinadora jurídica del IPAE; Mauricio Rodríguez Marrufo (actualmente preso) ex secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda; María Rosa Yolanda Angulo Castilla, madre del ex gobernador (beneficiaria de la venta de terrenos) y Fidel Villanueva Rivero, presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado.
En el caso de la naviera atribuida a Roberto Borge, Barcos Caribe, se mencionan a María de Lourdes Pinelo Nieto, secretaria del padre del ex gobernador, y a César Celso González Hermosillo y Melgarejo, abogado de la familia Borge, como principales socios accionistas en la multimillonaria compra de los siguientes navíos:
Kilimanjaro 1/Caribe 1- 2 millones 450 mil dls; Kilimanjaro II/Caribe II – 2 millones 450 mil dls; Eagle/Caribe III – 4 millones 350 mil dls australianos; Casco B-117, 4 millones 970 mil dls australianos y Casco B-118, 4 millones 970 mil dls australianos.
Lo que da un total de 4 millones 500 mil dólares estadounidenses y más de 14 millones 290 mil dólares australianos.
Por lo que corresponde al despojo de bienes inmuebles, desde el aparato público se maquinaron y simularon juicios laborales para despojar a sus legítimos dueños de 44 hoteles y 19 predios en Tulum, Cancún y Playa del Carmen, donde supuestamente participaron Patricio de la Peña, ex secretario del Trabajo del estado; Enrique de la Cruz Pineda, ex subsecretario del Trabajo; Alexis Zavala Ávila, presidente de la Junta Especial número 2 de Conciliación y Arbitraje;Gustavo Efraín Chan Caamal, Juez Primero Civil de Playa del Carmen; Carlos Lima Carvajal, ex director del Registro Público de la Propiedad y María Elena Anaya Reyes, actuaria.
Otra malversación de recursos se presume ocurrió en la Comisión para la Juventud y el Deporte del estado, a cargo de Martín Cobos Villalobos, por 72 millones 600 mil pesos.
Además, sigue sin utilizarse el flamante Auditorio del Bienestar, donde supuestamente se ejercieron 244.7 millones de pesos y no se inauguró por carecer de Manifestación de Impacto Ambiental, entre otras irregularidades.
Aquí se involucra a Fernando Escamilla Carrillo, ex secretario de Infraestructura y Transporte (Sintra) y los subsecretarios Ariel Federico Meeser y Andrés Canul.
Funcionarios de Roberto Borge son acusados del desvío de las aportaciones de nómina de empleados del gobierno estatal para pagos de créditos a empresas privadas.
Desde el año pasado, Luis Echeverría Esquivel, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de Quintana Roo (Siteqroo), reveló que existían indicios de la desaparición de más de 500 millones de pesos correspondientes al pago de créditos financieros.
El líder del Siteqroo dijo que “se trata obviamente de un fraude, con la venta por ejemplo de vehículos a los maestros y su pago vía nómina, donde el Siteqroo no suscribió ningún convenio con la Secretaría de Educación y Cultura, y la empresa Abaco Etesa, que demandó la liquidación del costo de las unidades”.
También la actual titular de la SEyC, Marisol Alamilla, señaló que al menos 11 mil maestros tienen pagos vencidos con más de 15 compañías que les dieron créditos.
En este asunto acusan a Juan Pablo Guillermo Molina, ex secretario de Finanzas y Planeación; Eleazer Villanueva, ex subsecretario de Sefiplan y José Alberto Ovando, ex secretario de Educación y Cultura del estado.
Adicionalmente, la actual Secretaría de la Gestión Pública finca responsabilidades por el desvío de 55 mdp de apoyos al campo y falsas compras de maquinaria agrícola; de 550 mdp que debieron destinarse a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) a gasto corriente, así como por el desvío de mil 50 mdp también destinados a CAPA pero que se usaron en otros gastos. Lo que totaliza un desfalco de mil 665 millones de pesos.
Por ello, las pesquisas apuntan a más supuestos prestanombres de Roberto Borge como Edgar Manuel Méndez Montoya; Santiago Samuel Jiménez Moreno, director de la empresa Corpogas; José Guillermo Martínez Cárdenas, empresario madrileño; Lorenzo Sánchez Hidalgo, empresario madrileño; y José Luis Cárdenas Bazán, ex edil de Isla Mujeres.
Al respecto, el Fiscal del estado Miguel Ángel Pech Cen precisó que suman 17 denuncias contra ex funcionarios públicos, no solo del gobierno del estado, sino también de los municipios de Solidaridad (Playa del Carmen), Isla Mujeres y de Benito Juárez (Cancún).
Por su parte, el gobernador Carlos Joaquín González señaló que se han turnado cuatro denuncias a la Procuraduría General de la República y dos más a la Fiscalía estatal en contra del ex mandatario por diversos delitos como la “venta ilegal de bienes públicos, sobre todo en los terrenos que son reserva territorial del estado de Quintana Roo que fueron vendidas de manera totalmente ilícita a precios muy bajos”.
En total la fiscalía cuenta con 17 denuncias; pero lo anterior será motivo de posterior análisis en otra entrega de Hora 14.
