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Investiga la CEDH al edil de Othón P. Blanco

  • Por detención de estudiantes por “botear”

 

Estudiantes continúan con su “boteo” en la confluencia de las avenidas Insurgentes y Rojo Gómez, pero ahora acompañados por adultos.

 

Chetumal.– Los estudiantes del albergue Felipe Carrillo Puerto  provienen de diversas zonas rurales del centro y sur de Quintana Roo y fueron detenidos arbitrariamente por la policía municipal por órdenes del director de Fiscalización, David Gutiérrez, no han acudido ante la autoridad ministerial ni tampoco ante la comisión garantista a interponer la demanda respectiva por la violación a sus derechos.

Sólo existe una investigación que se realiza por ley por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que intervino de oficio de acuerdo a sus facultades, al conocer de este asunto y por el agravio que sufrieron los menores estudiantes durante el “boteo” que los fines de semana realizan en el cruce de las avenidas, Rojo Gómez e Insurgentes.

Los estudiantes  (asesorados por integrantes de Antorcha Campesina) siguen sin acudir a la Fiscalía General para interponer una demanda, tampoco ningún adulto ha acudido en su representación para representarlos y demandar la arbitrariedad sufrida por parte de la policía municipal, corporación que sólo obedeció las órdenes del director de Fiscalización, David Gutiérrez.

Llama la atención que en dos ocasiones los estudiantes convocaron a los medios de comunicación para hacer la denuncia y mostrar que contaban con el permiso expedido por la Secretaría General del Ayuntamiento, pero siguen sin proceder legalmente contra la autoridad municipal por el atropello sufrido.

En un intento de Fiscalización por retirarlos de la vía pública cuando boteaban, este fin de semana, los estudiantes, ahora sí, acompañados por dos adultos, realizaban el “boteo” en la misma confluencia de las avenidas Insurgentes y Rojo Gómez y admitieron ante DIARIOIMAGEN, que el líder antorchista, Julio Romero Aniceto, responsable de albergues, aún no acude ante las autoridades.

Tanto el ayuntamiento presidido por Luis Torres, como Antorcha Campesina, que representa a los alumnos afectados parecen preferir la negociación política, que la aplicación de la ley en favor de los estudiantes.

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