Derecho de réplica

 

Las empresas concesionarias de transporte público urbano de Cancún obtuvieron la suspensión definitiva en un juicio de amparo contra la recomendación del Congreso del estado, que pidió revocar la prórroga por 10 años, concedida por el gobierno de Remberto Estrada.

En lo que se resuelve la situación jurídica de las concesionarias del transporte público, el ayuntamiento debe respetar la aprobación del anterior cabildo (2016-2018) por una década más a las compañías Autocar, Turicún, Maya Caribe y Bonfil.

El pasado 24 de octubre, la XV Legislatura de Quintana Roo, solicitó al ayuntamiento reconsiderar un nuevo procedimiento para pronunciarse acerca de la prórroga de la concesión de transporte público urbano de dicho municipio.

A consideración de los legisladores, la documentación entregada por la administración municipal 2016-2018 que avaló dicha prórroga, no cumple con los elementos mínimos que permitan acreditar que se evalúa la calidad del transporte.

De acuerdo con Jorge Aguilar Osorio, secretario general del ayuntamiento de Benito Juárez, la administración municipal fue notificada hace dos días sobre la determinación de un juzgado federal y aunque no se ha otorgado el contrato de concesión, el asunto debe quedar en el estado actual de ampliación.

“El cabildo anterior aprobó la extensión de la concesión a 10 años, pero  no hay un contrato de concesión, porque no se los hemos otorgado nosotros, pero sin duda hasta que no se resuelva el amparo, nosotros no podemos ir en ningún sentido.

Aclaró que  les notificaron una suspensión definitiva en un amparo que los transportistas promovieron,  nos llegó la notificación de Turicún, Maya Caribe y Autocar.

“Quiere decir que ellos se ampararon en contra de la resolución del Congreso, en lo que se resuelve el amparo, la autoridad federal nos ordena a nosotros que las cosas se queden en el estado en el que se encuentran”.

Tráfico de influencias y corrupción en juzgados civiles

La Fiscal Anticorrupción, Rosaura Antonina Villanueva Arzápalo, atrajo dos carpetas de investigación en contra del diputado Juan Carlos Pereyra y la jueza Civil de Playa, Adriana Ivette Rivero Mendoza.

Las carpetas de investigación números 4717/2018 y 2637/2018, son por tráfico de influencias, promoción de conductas ilícitas, cohecho, alteración de documentos y abuso de funciones públicas.

Según lo que relata en la carpeta de investigación 4717/2018, el afectado, Andrea Sabbia, accionista y administrador único de la Sociedad Mercantil Giulio S.A. de C.V., denunció ante la fiscalía que, por medio de una llamada telefónica, que presentó como grabación, se le avisó que el diputado Juan Carlos Pereyra había pagado a varias autoridades para que el juicio que lleva en contra de un tercero para el pago de una indemnización no prospere, dicho juicio está en manos de la jueza Civil de Playa, Adriana Ivette Rivero Mendoza; pese a tener una sentencia favorable, Andrea Sabbia aseguró que a partir de la advertencia telefónica, el proceso jurídico se detuvo con pretextos fuera de legalidad e insostenibles.

Como lo fueron las Juntas de Conciliación y Arbitraje de Quintana Roo, que durante años fueron herramienta de extorsión y robo hacia particulares y empresas, con juicios laborales ficticios, tal parece que lo mismo sucede en el Poder Judicial en los juzgados civiles, donde los jueces están a la disposición de defraudadores. El caso de Andrea Sabbia no es un hecho aislado.

Combate a la corrupción

Se realizó el Congreso Internacional “Gobernanza, justicia abierta y combate a la impunidad. Perspectivas desde la justicia administrativa”, en el que participa el gobernador Carlos Joaquín y 150 magistrados de justicia administrativa de todo el país.

Durante este congreso se contó con conferencias magistrales, como la de “Rendición de cuentas y combate a la corrupción y a la impunidad”, a cargo del doctor Alejandro Romero Gudiño, y la de “Combate a la Corrupción e Impunidad en las Américas, la experiencia Organización de Estados Americanos”, a cargo de Steven Griner.

También se trataron los temas gobernanza, justicia abierta, combate a la corrupción y a la impunidad, los cuales han sido impulsados por el gobernador Carlos Joaquín en la actual administración, como lo muestran las sanciones a malos servidores públicos, incluso con cárcel.

Medidas contra la corrupción

Para combatir la corrupción, el gobernador Carlos Joaquín tomó medidas, como la capacitación de servidores públicos en el Sistema Nacional Anticorrupción, los Comités de Contraloría Social y los avances en la consolidación del Sistema Estatal Anticorrupción.

En esta administración se han llevado a cabo acciones contundentes en contra de la corrupción, como la detención de servidores públicos corruptos, lo que deja en claro que en Quintana Roo se ha terminado la impunidad que daña en sus cimientos a la sociedad.

“Sólo la ciudadanía, como expresión concreta de la soberanía ha de ser la base del cambio y ese cambio exige definiciones sobre temas trascendentes para nuestro destino de gobernanza”, expresó el gobernador Carlos Joaquín, durante la ceremonia inaugural del evento.

“Moisés Méndez tiene todo para ser fiscal general”

En representación del candidato a la Fiscalía General del Estado, Moisés Méndez, de 45 años de edad, el que fue su maestro, el escritor de 14 libros de derecho acusatorio y artículos de derecho procesal, Camilo Constantino, vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, afirmó que su discípulo tiene más de 27 años en la procuración de justicia, ya fue agente del Ministerio Público y policía de carrera, tiene conocimiento y cuenta con una maestría en derecho penal y amparo y constantemente se está actualizando  con ponentes de talla mundial.

Destacó que a los agentes y policías no les ha llegado, ni les han impartido la correcta capacitación y el licenciado Moisés Méndez conoce el sistema acusatorio; siempre se le encargaron los asuntos más complejos para darle solución, cuenta con el perfil técnico especializado que requiere un fiscal para la toma de decisiones.

Recalcó que el licenciado Méndez puede enfrentar toda la realidad en los temas de procuración de justicia y ha sido víctima del servicio civil de carrera, que tiene en mente establecerlo para que los fiscales no queden al libre arbitrio para que sean removidos, ya que en Quintana Roo desde el 2011 debió de establecerse.

Con 27 años en Quintana Roo, ya ha recorrido todos los municipios,  no pudo estar en la conferencia de prensa, porque “está trabajando en audiencias programadas que se  quedó a atender”, destacó el entrevistado.

Respecto a la cláusula de residencia, dijo que no tiene mayor problema, este es un fenómeno nacional, antes se requería ser nativo del estado, la Suprema Corte de Justicia lo desechó desde el 2014, ya que es inconstitucional; la primera entidad que enfrentó eso fue Baja California Sur en el 2014, ahora sólo se necesita ser mexicano.