• Frente común en Playa del Carmen
• Tramitan primera solicitud de amparo para detener la concesión

Actualmente se lleva a cabo una campaña de familiarización con el programa, para que residentes y turistas, puedan socializar con el sistema.

Playa del Carmen.- En unión con otras asociaciones, el Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya (CCERM), solicitó un amparo en contra del sistema de parquímetros que ha instalado la empresa Promotora de Reordenamiento Urbano, denunciando varias irregularidades en el proceso de concesión, que desde su punto de vista fue otorgada de manera arbitraria, causando inconformidad no solo en los empresarios, sino en la ciudadanía en general.

En conferencia de prensa, el presidente del CCERM, Lenin Amaro Betancourt, destacó que éste es solo el primero de varios amparos que presentarán como “frente común”, pues según sus palabras “el hecho de que no se nos vea marchar por las calles, no significa que no nos opongamos a esta concesión, aprobada en la administración de Cristina Torres Gómez. Lucharemos para evitar que se aplique”

Sonia Gutiérrez Ávalos, abogada que tomó el litigio de manera gratuita, afirmó que se trata de un esquema “fallido” y realizó una comparativa con la Ciudad de México, donde refiere que no se ha mejorado la movilidad, caso contrario, la contaminación e inseguridad se incrementaron notablemente.

Denunció que el 10 de noviembre de 2017 en sesión de Cabildo se modificó el Reglamento de Tránsito para introducir la figura de parquímetros, pero se hizo con base en una justificación de apenas dos párrafos “Con estos dos párrafos, emiten más de 20 hojas de legislación, esto es una justificación deficiente”, puntualizó.

Y sentencia que no se ha visto que la reforma haya sido publicada en el Periódico Oficial, lo que significa que la instalación de parquímetros no tendría todavía fundamento legal.

A eso se añaden otras irregularidades, como el que esta licitación no aparece en la plataforma nacional, y que la concesionaria no figura en el padrón de proveedores del estado.

Argumentó que dado que fue hasta diciembre de 2018 cuando la concesión fue publicada en el Periódico Oficial, el plazo para ampararse ya feneció, pero que la ley permite ampararse 15 días después del inicio de aplicación de la medida, lo que están tomando desde el día 4 de este mes, con la notificación de la instalación de estos parquímetros.

Será decisión del Quinto Juzgado de Distrito admitir o no la solicitud de amparo y si otorga la suspensión provisional que se solicitó.

Gutiérrez Ávalos expicó que la concesionaria no solo se quedará con el 75% de los ingresos de los parquímetros y renta de bicicletas, sino además por el cobro de publicidad, en un espacio que es vialidad pública y que fue construido y que se mantiene con dinero de impuestos.