La Fiscalía General del Estado informó que los policías involucrados en el feminicidio de Victoria Salazar podrían alcanzar hasta 50 años de cárcel.
Luego del asesinato de la mujer salvadoreña por parte de policías municipales de Tulum, la Fiscalía General del Estado (FGE) continúa con las investigaciones, pues una vez más es una situación que ha puesto a Quintana Roo en los ojos del mundo, despertando reacciones ahora del gobierno de El Salvador y de la misma Organización de las Naciones Unidas (ONU), exigiendo a las autoridades locales que se haga justicia.
Según declaró el titular de la FGE, Óscar Montes de Oca Rosales, los policías municipales involucrados en el feminicidio de Victoria Salazar en Tulum podrían alcanzar una pena máxima de 50 años de prisión. “De acuerdo con el artículo 89 BIS del Código Penal del Estado de Quintana Roo, la penalidad máxima que podrían alcanzar los 4 policías por el delito de feminicidio, es de 50 años de prisión”, expresó durante el informe de actualización sobre este caso.
Asimismo, la FGE confirmó que Nesguer Ignacio Vicencio Méndez, director de Seguridad Pública y Tránsito de Tulum, fue destituido.
Montes de Oca reiteró que “los cuatro elementos, una mujer y tres hombres, ya se encuentran a disposición de las autoridades, luego de que la madrugada del lunes, el fiscal del Ministerio Público que conoce del caso, ejerció la acción penal en su contra por la probable participación en hechos señalados por la ley como feminicidio”, es decir, que la misma Fiscalía reconoce que se trató de un asesinato y no de un accidente.
El lunes por la mañana, los policías involucrados fueron ingresados al centro de detención correspondiente y a disposición de un juez de control, donde se les informó que se les procedería “por un feminicidio ocurrido la tarde del sábado 27 de marzo en la vía pública en la colonia Tumben Kah y que, según la acusación, se derivó del uso desmedido de la fuerza”.
Que deben capacitar a los policías
Dado lo anterior, el fiscal general indicó que deben dar atención prioritaria a la capacitación de los cuerpos policiales en materia del uso de la fuerza, así como en el tema de Derechos Humanos, a fin de evitar otros hechos como el ocurrido en Tulum.
Y recordó que los datos de prueba recabados por peritos especializados, indican que “el deceso de la víctima se originó debido a la fractura de la columna vertebral a consecuencia de las técnicas de sometimiento inadecuadas, realizadas por los servidores públicos”, es decir, que los policías ni siquiera aplicaron correctamente el sometimiento, provocando la muerte de la mujer, lo cual dejaría cierto grado de responsabilidad, también en las autoridades que deben enseñarle a los policías como manejar estas situaciones sin poner en riesgo la integridad del arrestado.
La CNDH abre investigación por feminicidio
Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que ya abrieron un expediente de queja de oficio para investigar el feminicidio de Victoria Esperanza Salazar, migrante salvadoreña que radicaba en Tulum y que fuera asesinada por policías locales.
La CNDH aclaró que atrajo el caso que originalmente tenía la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Quintana Roo, pues argumentó que se trata de un hecho que podría constituir graves violaciones a derechos humanos e incide en la opinión pública no sólo a nivel local, sino nacional e internacional, al tratarse de una mujer extranjera.
A través de un comunicado de prensa, la Comisión detalló: “Con la finalidad de investigar posibles actos u omisiones cometidos por parte de servidores públicos del Ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo, así como de la Fiscalía General de Justicia de ese estado, que por su naturaleza pudieran resultar de especial gravedad y constituir violaciones a los derechos humanos, la CNDH integrará el expediente de queja respectivo y, en su momento, emitirá el pronunciamiento que conforme a derecho corresponda”.
ONU condena el asesinato de salvadoreña
Asimismo, agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenaron el asesinato de Victoria Esperanza y subrayaron que representa un caso de doble discriminación hacia la víctima por el hecho de ser mujer y por su condición de migrante, por lo que hicieron un llamado a las autoridades mexicanas para realizar “una investigación pronta e imparcial y en línea con los estándares de derechos humanos en la materia, como el Protocolo de Minnesota para la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas”.
Las oficinas en México de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), de la entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres) y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) emitieron este martes un pronunciamiento conjunto en el que remarcaron que el Estado mexicano ha firmado compromisos internacionales que lo obligan a capacitar a sus corporaciones policiacas en protocolos y procedimientos de actuación, incluido el uso de la fuerza
