Por la Derecha..!

Luis Ángel García

En redes sociales se evidenció la posibilidad de que por “errores humanos involuntarios” no se aplicó la vacuna contra el coronavirus a adultos mayores; pero esos casos podrían ser la punta del iceberg de un mercado negro del antígeno y demuestra que la corrupción no se ha acabado como presumen las autoridades federales, episodio que atenta contra la salud de la población más vulnerable.

Rápidamente salió el gobierno capitalino a denunciar una campaña de desprestigio cuando se subieron a diversas plataformas las imágenes de ancianos a los que se le fingió aplicar la inoculación. Desmintió que sea una práctica generalizada, aunque el sector salud reconoció la falla del personal médico y los retiró de los centros de vacunación. Efectivamente, no podemos comprobar que haya una intencionalidad de traficar ilegalmente con el antídoto, porque son pocas las escenas captadas por los celulares de familiares de los pacientes, pero cuántos casos más habrá en todo el país que no fueron registrados en los teléfonos móviles de -démosles el beneficio de la duda-, errores humanos involuntarios. Es igual de criminal comerciar ilegalmente con el medicamento que ser omiso con la supervisión del personal que debe inyectar el líquido inmunizador.

La 4T siempre ve moros con tranchete, nunca reconoce las fallas en el gobierno. Ponderaron que a la fecha se ha vacunado a más de un millón de adultos mayores sin problema, minimizaron los eventos denunciados y magnificaron una supuesta estrategia de desinformación y de desprestigio contra la administración.

Pero como criticaron a los gobiernos priistas de Veracruz por supuestamente dar agua en lugar de medicamentos en los tratamientos para niños con cáncer. Entonces sí se hablaba de corrupción e inmoralidad gubernamental, de la tragedia de los infantes y más que cárcel se enjuició mediáticamente a los presuntos responsables. Lo importante era exhibir a los neoliberales.

Hoy tampoco se habla del cargamento ilegal de vacunas que llegó vía aérea a Campeche y que decomisaron en la Marina y Aduanas, cuyo destino era Honduras, donde se involucró a un familiar político del canciller. Desaparecieron el antígeno y los pilotos que estaban arraigados en un hotel de la Ciudad de las Murallas. Otro caso de corrupción y tráfico de influencias, además de complicidad de autoridades aduanales y estatales.

Estos episodios, además de atentar contra el derecho a la salud de los ancianos, evidencian omisión, falta de capacitación y supervisión, la ausencia de una verdadera logística para atender a la población más allá del uso clientelar que se hace del programa nacional de vacunación para cooptar el voto en favor de Morena.

Una obligación del gobierno es garantizar el derecho a la salud de todos los mexicanos y dar, sin reservas ni condicionantes, la aplicación universal del antígeno. No es una gracia que se haya vacunado a más de siete millones de adultos mayores a nivel nacional, es una prerrogativa constitucional y el gobierno no debe utilizarla como política electoral. Lo grave es que se den estos casos de vacunas de aire, ya sea por error, mala supervisión o corrupción. No se puede jugar con la vida de los sectores más vulnerables.

Por cierto, como las autoridades están preocupadas por atender a los ancianos contra la Covid-19, las instituciones de salud han descuidado a otros sectores vulnerables como los pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, quienes se han quedado sin consultas, tratamientos y medicamentos.

Esperemos que las vacunas de aire sea la excepción, porque los afectados pueden cobrarles la factura el 6 de junio.