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Los delitos de alto impacto, al alza

Por la Derecha..!

Luis Ángel García

 

La inseguridad es una asignatura pendiente que las autoridades federales y locales no han podido resolver, le han quedado a deber al ciudadano un margen aceptable de seguridad. Los gobiernos le fallaron a los mexicanos, quienes ven peligrar todos los días su vida y su patrimonio.

La pandemia, que arrebató la existencia a 250 mil compatriotas, dejó en 2020 una crisis económica como no se tenía desde 1932, con el consecuente cierre de empresas y millones de empleos perdidos, e hizo que pasara el tema de la seguridad pública a un segundo plano en las preocupaciones de la gente. Sin embargo, conforme la población empezó a salir a las calles y reactivó su cotidianidad, la inseguridad regresó a ser, de nueva cuenta, el principal problema nacional, por encima de la economía y la salud.

Enfrascados en una guerra de cifras, autoridades y opositores se empecinan en los reproches mutuos y no presentan un proyecto real para combatir a la delincuencia, la cual no se encerró durante la enfermedad. El gobierno dice que es un conflicto que heredó, aunque lleva ya casi tres años en el poder, medio sexenio y no hay una política pública que reduzca la violencia en el país. La oposición utiliza la inseguridad como bandera electoral pero no propone un plan concreto para disminuir la incidencia de los ilícitos.

La numeralia, a pesar de las cifras oficiales, no favorece al ciudadano de la calle. Los crímenes de alto impacto no se han podido frenar. Las estrategias para atacar el homicidio doloso, los feminicidios, el secuestro, la extorsión, la violencia intrafamiliar no dan resultados y en el mejor de los casos se han mantenido como en el 2019. La violencia política se ha recrudecido desde septiembre del año pasado.

Tampoco el gobierno federal ha entregado buenas cuentas en rubros como el narcotráfico y el contrabando de armas, fenómenos que provocan más violencia y otros daños colaterales como son los ajusticiamientos, las masacres, las desapariciones, el secuestro y el cobro por derecho de piso. Los últimos tres años han sido los más violentos y dejado más muertos que en ninguna otra administración.

El Inegi manejó en su Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana que el 78.4 por ciento de la población se siente insegura y los mexicanos calificaron como las ciudades con mayor percepción de inseguridad a Fresnillo, Ecatepec, Cuernavaca, Gustavo A. Madero, Uruapan y Guadalajara. Un informe de la Fiscalía de la CDMX revela que desde hace cuatro años los ataques directos son el principal móvil de los homicidios dolosos; 4.6 asesinatos de cada diez son ejecuciones hechas por sicarios de alguno de los 22 grupos delictivos que se disputan el territorio del narcomenudeo en la capital de la República. En 27 meses, de 2 mil 982 muertes violentas, mil 365 fueron ataques directos con arma de fuego en la vía pública con al menos dos víctimas.

El secuestro es otro crimen que no ha bajado; según la organización Alto al Secuestro, en marzo hubo un incremento de casi 5 por ciento de carpetas de investigación respecto de febrero y un aumento del 40 por ciento de víctimas en el mismo periodo.

La seguridad no es una buena bandera electoral, ni el gobierno puede presumir, como lo prometió hace tres años, que ha regresado la paz y la tranquilidad pública al país ni los candidatos han presentado propuestas serias para reducir la incidencia delictiva y mejorar la percepción ciudadana de la inseguridad.

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