Por la Derecha..!
Luis Ángel García
En un país donde 55 millones de mexicanos conforman la vilipendiada clase media, el régimen debería preocuparse de mantener la gobernanza, porque las tensiones ponen en riesgo el pacto social. Las políticas públicas no pueden regirse bajo la premisa de primero los pobres, la gente productiva que genera riqueza exige democracia, movilidad social, empleo, rendición de cuentas, acceso a la educación de excelencia y al crédito, apoyo a los emprendedores y mayor participación política, “clasemedieros” que no venden su voto ni aceptan los programas clientelares.
En 2018, Morena supo explotar el enojo social contra regímenes corruptos -pero que permitieron la movilidad social y dieron oportunidades a la clase media de mantener sus sueños aspiracionales-, y alentaron la ilusión de salir de la pobreza con la falacia de los programas asistenciales, mediante los cuales mantienen a un ejército de votantes sin trabajar por seis años con dinero público, sabedores que no quieren ascender en la escala social.
La pobreza extrema representó la base electoral en que fincó su proyecto político de transformación el presidente, visión transexenal fallida por el nulo crecimiento que provocaron las malas decisiones económicas que nos alejaron del desarrollo, contrajeron la inversión, provocaron el desempleo y el cierre de empresas. Después vino la pandemia y nuevamente la tasa de crecimiento no sólo fue de cero, sino de casi -9 por ciento. Esa crisis provocó más de diez millones de nuevos pobres, muchos de ellos provenientes de la clase media.
Pero como a toda costa había que subvencionar la miseria, el gobierno hizo uso de todas las partidas habidas y por haber para asegurar temporalmente las becas y ayudas asistenciales, desde la desaparición de fondos y fideicomisos, el cierre de guarderías, la cancelación de compra de medicamentos oncológicos, el desmantelamiento del seguro popular, la persecución fiscal de empresarios, la reducción de salarios y prestaciones a la burocracia, la supresión de organismos autónomos y disminución de presupuestos para instituciones como el INE, las subastas, la simulación de rifas y ahora hasta la venta de mercancía decomisada y la legalización de carros chocolate.
Aunque a tres años de la administración ya no alcanza la cobija presupuestal para atender al grueso de esos 30 millones de votos que logró Morena en 2018, lo que comprometerá irresponsablemente las finanzas públicas por las siguientes décadas -más ahora que anunció ayudas por seis mil pesos para los viejitos-, el gobierno seguirá exprimiendo a los causantes cautivos para financiar los programas electoreros. Mientras tanto, la clase media, realmente productiva, enfrenta un incierto panorama laboral, carece de apoyos fiscales como emprendedores, se le niegan oportunidades de crédito, se le exigen sus obligaciones tributarias y ahora peligran sus pensiones o afores, las cuales no sólo se deprecian, sino que las quiere controlar el gobierno.
La pérdida electoral de Morena se debió a la desilusión de muchos simpatizantes que han visto frustrado su ascenso a esa nueva clase media no aspiracional y no ven la salida de la miseria, a esos “aspiracionistas” que hoy lindan en la pobreza y a los “clasemedieros” profesionistas informados que no creen en el proyecto de la 4T por inviable. Difícilmente, el partido en el poder podrá seguir como primera fuerza política nacional.
Esa clase media que desprecia el sistema exige el poder político para la sociedad civil y está dispuesta a tensar una gobernanza cada día más quebrantada.
