Por la Derecha..!

Luis Ángel García

Por cuarto año consecutivo, México se coloca como el país más violento del orbe según el ranking 2021 con 18 de las 50 ciudades con más homicidios dolosos. Cien personas son asesinadas todos los días y se cometen diez u once feminicidios cada 24 horas. En la presente administración fallecieron violentamente más de 84 mil mexicanos, cifra varias veces mayor a los cometidos en el sexenio de Vicente Fox, dos veces más que a estas alturas con Felipe Calderón y tres veces superior que con Enrique Peña Nieto.

La política de abrazos y no balazos ha fracasado rotundamente y la militarización no ha sido una estrategia funcional para contener al crimen organizado ni bajar la incidencia delictiva. Las últimas masacres cometidas en Tamaulipas, Guanajuato, Zacatecas y Tabasco son un reto para las fuerzas del orden, las cuales no pudieron evitar que mayo de este año sea el más violento con 2 963 muertes, la cifra más alta desde julio del 2020.

La revelación del Pentágono de que las autoridades sólo gobiernan el 60 por ciento del territorio nacional, mientras el crimen organizado controla el 40 por ciento, más las declaraciones del gobernador de Michoacán de que el candidato de Morena a mandatario estatal fue impuesto por los barones de la droga y que en México se vive un narcoestado que amenaza con entronizar al futuro Presidente, puede explicar por qué hay tanto inseguridad y violencia en el país.

En las pasadas elecciones se escenificó la mayor violencia política de los últimos tiempos, 179 políticos acribillados en menos de nueve meses, incluidas muchas mujeres candidatas a cargos de elección popular, además de las amenazas, secuestros y levantones de aspirantes y militantes de partidos de oposición.

No pocos analistas ven con recelo los triunfos de los abanderados morenistas que arribarán a los palacios de gobierno en los estados conocidos como la ruta del Pacífico del narcotráfico; por cierto, esos mandatarios gobernarán en la mayoría de las 18 ciudades más violentas del ranking mundial.

Si bien es cierto que la guerra contra el crimen organizado decretada por Calderón no sirvió para frenar el flagelo del comercio ilegal de drogas ni las adicciones -los gringos llevan 50 años en esa lucha-, sí se pudieron capturar a importantes cabecillas, hoy malamente llamados objetivos prioritarios, y hacer importantes aseguramientos, sin la necesidad de militarizar este fenómeno global que tiene muchos efectos colaterales en la seguridad, la economía, la salud pública y la gobernanza que afecta básicamente a la población civil.

Este jinete apocalíptico no se puede combatir como un simple problema de policías y ladrones, hay que tener una política pública y una estrategia que vaya más allá de sacar a los soldados de los cuartes -por cierto, se les ha dado tanto poder que será difícil en un futuro próximo regresarlos a sus barracas-, para hacer funciones de seguridad pública y enfrentar a los sicarios que atentan contra la población civil.

El gobierno tiene el diagnóstico del problema, pero no focaliza la solución. Hay que crear riqueza y generar empleo para una distribución equitativa con crecimiento y desarrollo económico. Es ahí, donde fallan las políticas públicas. La agencia calificadora HR Ratings criticó al gobierno mexicano por la falta de visión de largo plazo en la concepción de proyectos de infraestructura que vaya más allá de los periodos sexenales -de 20 ó 30 años-, lo que inhibe la inversión. La iniciativa privada, adversaria natural del presidente, es importante para la reactivación económica, sobre todo después de la pandemia. Un desarrollo económico sustentable arrebata al mexicano de las garras del crimen organizado, cuyos sicarios son reclutados de entre los desempleados y del 25 por ciento de pobres que denuncia el Banco Mundial han crecido en México.