Por la Derecha..!

Luis Ángel García

El propio gobierno le abrió las puertas a los grupos armados o autodefensas y claudicó en su función primigenia: Dar seguridad a los ciudadanos, proteger su vida y su patrimonio. Con ello pone en peligro la subsistencia del Estado de Derecho, el pacto social, la gobernanza.

La inseguridad que se vive desde que nació el siglo XXI evidenció el fracaso de las políticas públicas de seguridad y la falta de estrategias para combatir al crimen organizado y a la delincuencia común. La comisión de los ilícitos ha crecido exponencialmente y ningún gobierno —del partido que sea—, ha podido contener la incidencia delictiva.

Más aún cuando se declaró la guerra frontal contra el narcotráfico y un baño de sangre inundó al país. No solo fueron los enfrentamientos de las fuerzas armadas contra criminales, sino las disputas por el territorio y el mercado de las drogas entre sicarios de cárteles rivales.

Pero al mismo tiempo que se combatía a los delincuentes, la ausencia de una verdadera estrategia de seguridad para reducirlos hizo que el  gobierno declinara en sus obligaciones y permitió que comunidades enteras de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán, entre otras entidades, formaran grupos armados para defenderse no solo de las agresiones del narcotráfico que orillaban a los habitantes a desplazarse a otros poblados y abandonar sus casas y  parcelas, sino de sus propios coterráneos por problemas étnicos, de tenencia de la tierra, político electorales, incluso religiosos, que también los hacían abandonar sus comunidades, y además combatir a los delincuentes comunes:  ladrones, violadores, asesinos y secuestradores.

La ausencia de gobernabilidad también se incrementó durante este sexenio por la abstención u omisión de las actuales autoridades al no querer hacer uso legítimo de la fuerza: abrazos y no balazos.

Esa inacción, esa entrega de la plaza, que es la abdicación del Estado de Derecho, ha empoderado a las autodefensas que, como en el caso de Colombia, lejos de restablecer la paz y el orden se convierten en poderes fácticos, en autoridades paralelas, en dispensadores de justicia; pero, lo peor, se han convertido en competidores del propio narcotráfico, de tal suerte que ellos deciden quién puede vender la droga, secuestran y asesinan a gente inocente bajo la sospecha de ser sicarios o miembros de bandas no autorizadas por ellos, mantienen  como rehenes a comunidades enteras con el cierre de caminos y carreteras, donde instalan retenes y hacen selectivo el libre tránsito mediante el pago de una ”cuota voluntaria”, cobran derecho de piso a comerciantes y empresarios pequeños y medianos.

La Ley está en sus manos. En Pantelhó, Chiapas, un grupo de autodefensas, llamados ellos mismos El Machete, sacaron de sus casas a 21 pobladores hombres, supuestamente por ser sicarios, y están desaparecidos desde hace seis meses. Un vocero del grupo armado reconoció que retuvo a tres presuntos vendedores de droga, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía estatal, pero como a criterio de las autodefensas, el ministerio público no hace bien su trabajo y salen libres, anunciaron que a los próximos violadores, ladrones y vendedores de droga les aplicarán la pena de muerte.

En Chiapas, se ha roto el Estado de Derecho y otras entidades van por el mismo camino. Nadie puede hacer justicia por su propia mano, por eso suscribimos un pacto social, construimos un consenso para mantener la gobernanza a través de un poder político, una estructura de gobierno que ejerce la autoridad, da seguridad y aplica la justicia.

Pero cuando el gobierno renuncia a su función primigenia, se acaba el Estado de Derecho y se pierde la gobernabilidad. El crimen organizado y las autodefensas dominan ya buena parte del territorio nacional. Más allá de la actitud medrosa de las autoridades, está la sociedad civil, quien debe rescatar la observancia de la ley para que impere la convivencia pacífica. No dejemos que el destino nos alcance.