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La dirigente vitalicia del SNTE compareció ayer frente a la reja de prácticas y ante al juez federal Alejandro Caballero.
La presidenta nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, resolvió reservarse su derecho a declarar ante un juez federal por las acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero, derivadas de un presunto desvío de mil 978 millones de pesos de las cuotas sindicales.
Al mismo tiempo, decidió duplicar el término constitucional de 72 a 144 horas para que le definan su situación jurídica, lo que implica que será a más tardar el próximo lunes a las 22:50 horas cuando el juez Alejandro Caballero Vértiz resuelva si le dicta formal prisión o la deja en libertad por falta de pruebas.
Luego que la lideresa magisterial afirmara que no diría nada, el juez Caballero Vértiz le informó a sus dos coacusados Isaías Gallardo Chávez y José Manuel Díaz Flores que tenían la posibilidad de guardar silencio o rendir su declaración preparatoria, situación que están por definir.
Previamente, Gordillo acudió a la rejilla de prácticas del Juzgado Sexto de Distrito en Procesos Penales Federales del Reclusorio Oriente, donde el secretario de Acuerdos leyó los cargos en su contra.
En la diligencia se le informó que se le acusa de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La titular de la Subprocuraduría Jurídica de la PGR, Mariana Benítez Tiburcio, estuvo presente en la diligencia de declaración preparatoria de la dirigente sindical.
Por otra parte, Gordillo Morales pidió al juez federal tener acceso a un doctor, medicamentos y alimentos especiales para atender sus diversos problemas de salud.
Estas fueron las únicas peticiones que realizó la lideresa del SNTE, durante la diligencia de declaración preparatoria en la que decidió reservarse su derecho a declarar.
