• El Ejecutivo federal urge a una reestructuración a fondo de las procuradurías de Justicia para una correcta aplicación de la ley

Roberto Vizcaíno

El presidente Enrique Peña Nieto consideró que los mexicanos estamos en el más importante proceso de transición para alcanzar “con una justicia pronta, expedita, imparcial y efectiva que es una demanda y un derecho de los ciudadanos; asegurar que así sea es una obligación de todos nosotros”.

Luego de inaugurar la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia a la que asistieron en el Distrito Federal todos los fiscales de México, el mandatario consideró que la próxima aprobación de la reforma constitucional que facultará al Congreso de la Unión a expedir un Código Único de Procedimientos Penales y una Ley General Penal “significará un cambio de fondo al sistema de justicia en nuestro país”.

Estas reformas están contempladas en la nueva Política de Estado por la Seguridad y la Justicia del Gobierno de la República, para que los mexicanos tengan justicia plena.

Insistió: “nuestro sistema de justicia penal atraviesa por un periodo de transición histórica… La Reforma Constitucional de 2008 es el cambio más trascendente en el último siglo en el paradigma que habíamos construido en materia de justicia penal, y hoy tenemos uno nuevo, que fue aprobado por el Constituyente Permanente, y donde poderes y órdenes de gobierno estamos trabajando y debemos comprometernos aún más para hacer realidad y materializar este esfuerzo para lograr el nuevo modelo de justicia penal acusatorio y adversarial que prevé nuestra Carta Magna”.

Por ello, consideró que “el compromiso del gobierno de la República de trabajar, junto con las autoridades estatales y los poderes judiciales, para que esta reforma sea una realidad en todo el territorio nacional” es algo irrenunciable.

Esto será fundamental, dijo, “toda vez que permitirá que las procuradurías liberen y reorienten sus recursos hacia la investigación y el esclarecimiento de los delitos de mayor impacto entre la sociedad”.

Con todo esto, agregó, se garantizará el debido proceso a cualquier persona y se respetará el principio de presunción de inocencia. Además, todas las instancias que participan en el sistema de justicia deberán garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos, indicó.

Les recordó a los procuradores de Justicia reunidos, que la sociedad espera respuestas oportunas y eficaces; “espera también un cambio positivo, no sólo en las policías o en los ministerios públicos, sino especialmente en las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia”.

Estoy seguro, añadió, que si trabajamos juntos y con respeto a las distintas atribuciones y responsabilidades que tienen poderes y órdenes de gobierno, “pero sobre todo, con la misma visión compartida de lograr un México de paz, de tranquilidad y de plena vigencia del estado de Derecho, el rostro de nuestro país será otro”.

Tras apuntar que la tarea que tienen por delante el Ministerio Público y las procuradurías de Justicia del país, tanto federal como en las entidades federativas, “es no sólo asegurar que su actuación sea implacable, sino sobre todo, impecable”, el presidente Peña Nieto resaltó que “el ideal de la justicia plena es muy claro: que el delincuente reciba el castigo que merece y que no haya, al mismo tiempo, una persona inocente en la cárcel”.

Las áreas de procuración de justicia, indicó, “deberán actuar con mayor profesionalismo, con mayores elementos que, dentro de la investigación, permitan asegurar que todo aquel que delinque realmente pueda ser sometido a la aplicación de la justicia con los elementos que aporte”.

También es necesaria, dijo, una visión compartida para que “podamos generar una sinergia ganadora y eficaz en esta tarea de la procuración de justicia”, por lo que reconoció la disposición de los procuradores y fiscales generales “para construir juntos un México en paz, donde la seguridad y la justicia sean una práctica cotidiana”.

Si logramos reducir el delito y la impunidad, “los emprendedores, los empresarios, habrán de invertir, por un lado, menos en seguridad y más en aquello que permita que sus actividades, cualesquiera que sean dentro del ámbito privado, sean más productivas”.

Garantizar la aplicación irrestricta de la ley, nos va a permitir impulsar o tener mejores condiciones para el crecimiento económico, y en consecuencia, para el desarrollo social.

Confió en que el establecimiento de condiciones de mayor seguridad, en un mediano plazo, permitirá que la sociedad recupere la confianza en sus instituciones y en la autoridad.

JUSTICIA CON SENTIDO HUMANO

A su vez, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, convocó a los procuradores de las 31 entidades federativas y al del Distrito Federal a realizar con pasión, inteligencia y entendimiento su tarea de procurar justicia, al recordar que forman parte de la última instancia a la que recurren los miembros de la sociedad en búsqueda de la justicia.

Mencionó que los ejes del diseño de la política nacional del presidente Enrique Peña Nieto tienen el apoyo de quienes integran la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y, al mismo tiempo, les compromete a redoblar esfuerzos conjuntos en la materia.

“Usted señala que no podemos construir una política de seguridad y de acceso a la justicia sin mirar y atender los elementos fundamentales del de­sarrollo humano, porque no puede haber justicia cuando hay hambre, porque no se puede construir seguridad cuando no hay confianza, porque no se puede hablar de paz cuando no hay igualdad, porque no se puede hablar de justicia en concreto cuando ésta no es plena para cubrir las necesidades elementales de sociedad”, dijo Murillo Karam.

COOPERACIÓN Y RESULTADOS

Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno del DF y ex procurador capitalino, dijo sentirse contento entre quienes fueron sus compañeros durante varios años y que el encuentro entre fiscales en esta Conferencia Nacional debe llevar a que la cooperación y el trabajo conjunto sean la fórmula para conducir a mejores resultados, en beneficio de todos los mexicanos.

De esta forma se constituye un frente común, dijo, un frente de lucha donde todos habrán de participar de manera permanente y entusiasta, ya que se erige como la mejor forma de contrarrestar y de contener las amenazas que representa la delincuencia y la inseguridad.

Consideró que la existencia de estos espacios permite avanzar, aportar experiencias, compartir los resultados de cada una de las regiones. Nos hemos propuesto todos apoyar la estrategia federal para encontrar las mejores prácticas y llegar a lo que aquí se ha dicho: encontrar la justicia y la paz social.