Por la Derecha..!
Luis Ángel García
Por más que los voceros oficiosos y el propio primer mandatario lo nieguen, las declaraciones de la titular de la DEA, Anne Milgram, son irrefutables. El crimen organizado, al menos los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, dominan 19 y 21 estados de la República, respectivamente, y cuentan con 45 mil miembros distribuidos en todo el mundo, cifra que supera a los elementos de la Secretaría de Marina.
Desde 2021, el Pentágono advirtió que más de la tercera parte del territorio nacional estaba bajo el control de las mafias del narcotráfico, clara muestra de que nos acercábamos a un Estado fallido, ya que la delincuencia desplazó a las autoridades formales e incluso violentaba los procesos electorales y ponía o quitaba candidatos. Ante esa revelación, el gobierno federal se hacía el sordo e incluso retaba a los militares norteamericanos a mostrar pruebas de lo que era evidente, como sucedió en los comicios intermedios de 2021, donde creció la violencia política y los asesinatos de aspirantes y representantes populares, líderes, policías y jueces, entre otros servidores públicos, además de inhibir el voto o destruir casillas electorales. El Ejecutivo fue omiso porque la acción de los delincuentes favoreció al partido en el poder.
Entonces los oficiosos interlocutores de la 4T se fueron contra los gringos y hablaron de una campaña de desprestigio de los conservadores, de los neoliberales, de la ex mafia en el poder. Pero es curioso que sea ahora la zarina antidrogas americana la que denuncie el crecimiento exponencial de los narcotraficantes y su presencia negativa en varias partes del mundo. Pero el gobierno mexicano tiene la desfachatez de exigir pruebas de lo dicho por la funcionaria encargada de combatir el tráfico de drogas en su país. La agencia antinarcóticos debe tener infinidad de información sobre las actividades de los cárteles mexicanos no sólo aquí, sino en todo el orbe porque sus acciones, incluido el lavado de dinero, afectan a la sociedad estadounidense. Así que es ocioso y hasta infantil el reclamo gubernamental, como lo fue en su momento la negativa de que México no comercializaba ni consumía el fentanilo, cuando la propia Sedena informa periódicamente de la destrucción de laboratorios o del decomiso de miles de pastillas en las fronteras o aduanas nacionales. En cuanto a las adicciones, es vergonzoso que no existan estudios ni estadísticas recientes sobre los consumidores de opiáceos, especialmente de fentanilo.
El gobierno mexicano, más que hacerse el indignado, debiera hacer su tarea y dar un verdadero combate al crimen organizado para recuperar la gobernabilidad en las regiones donde imperan los cárteles, sin negar esa terca realidad. En su diagnóstico debe comenzar por reconocer que la violencia lo ha rebasado y que pasará a la historia como el sexenio más sangriento, cuya proyección se estima en más de doscientos mil homicidios dolosos. Esa es la verdadera situación de nuestro país, por lo que sobra la manipulación de las estadísticas para hacer aparecer otras administraciones como más inseguras, cuando ocho de las diez ciudades más violentas del mundo se encuentran en México. Tampoco les queda a las autoridades federales querer etiquetar al gobierno calderonista como un narco-Estado cuando el calificativo puede aplicarse al actual, ni presumir la captura del ex secretario Genaro García Luna por narcotraficante, cuando este régimen lo tuvo aquí y nunca lo investigó. Ahora que fue aprehendido en territorio norteamericano y próximo a ser condenado, le abren carpetas de investigación por enriquecimiento ilícito y otros delitos, pero nada sobre drogas.
Así que la 4T debiera comenzar por reconocer que fracasó su política de abrazos, no balazos e instrumentar, aunque sea al final, una estrategia efectiva de combate al crimen organizado y recuperar la gobernabilidad, antes de que se nos catalogue no sólo como narco-Estado, sino como Estado fallido.
