Derecho de réplica

José Luis Montañez

 

• Habrá mayor combate a la corrupción, afirma Mara Lezama

 

 

La gobernadora Mara Lezama Espinosa participó en la firma de las actas para que en los 11 ayuntamientos inicien las Auditorías de Colmena y que los recursos públicos sean administrados con honestidad, eficiencia y transparencia.

Con la presencia de Rogelio Colmenares Páramo, titular Auditoría Superior de la Federación (ASF), la gobernadora Lezama Espinosa destacó la transformación profunda que se vive en la entidad, con el manejo honesto del dinero del pueblo para que llegue y se invierta donde más se necesita.

Para ello, añadió la gobernadora, se dejó atrás un modelo agotado y hoy es importante contar con la participación de todos los presidentes municipales, dispuestas y dispuestos a trabajar en equipo, con el apoyo de la Auditoría Superior de la Federación, para que el dinero del pueblo se administre de manera transparente para que alcance para más.

Mara Lezama destacó que en esta administración en 10 meses de gobierno y a través de un Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo se ha logrado una mejor calificación crediticia, “es un tema de voluntad y vamos en el camino correcto”.

El titular del órgano fiscalizado, Rogelio Colmenares, dio a conocer que Quintana Roo va muy bien y que participen los presidentes municipales es una maravilla, pues los impuestos sirven para generar desarrollo, pero principalmente para atender a la gente que más lo necesita.

La contralora del estado, Reyna Arceo Rosado, dijo que los recursos deben ser administrados de manera minuciosa y cuidándolos porque son recursos del pueblo.

Las Auditorías Colmena tienen una particularidad central, que versa en focalizar el acto de fiscalización no en el universo o una muestra de un fondo, programa o convenio, sino en un acto en particular, es decir, el alcance de estas auditorías se centra en la revisión de la gestión de los recursos de origen federal respecto de actos de gasto en concreto.

30 socios perderán concesiones de transporte

El tema del transporte público y privado en el estado sigue siendo un problema, luego de que principalmente los taxistas no se han querido ajustar a las nuevas disposiciones establecidas en la ley de movilidad, y es que, con la llegada de plataformas digitales como Uber, se sintieron desplazados y se han encargado de provocar situaciones de violencia, amenazando y golpeando no solo a su competencia, sino que también amedrentan al turismo, lo que ha venido a empañar la imagen de este destino turístico.

De tal manera, que debido a que siguen dándose casos donde choferes y conductores del servicio público se han visto involucrados en acciones que afectan a terceros, dañando vehículos e incluso agrediendo personas, ahora la cantidad de casos bajo investigación han aumentado a 30 que podrían perder su concesión para seguir operando en el Caribe mexicano.

El titular del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo), Rodrigo Alcázar, destacó que en las últimas semanas se sumaron otros 15 casos que están siendo investigados por la Fiscalía General de Quintana Roo, por estar aparentemente involucrados en diversas acciones violentas.

“Estamos a la espera de que la Fiscalía General de Quintana Roo, defina si hubo delito en 30 casos; los primeros 15 se dieron por el cierre de la zona hotelera, mientras que otros 15 casos fueron dados en distintos municipios, por acciones de daños y agresiones” dijo, de tal manera que una vez se defina si hubo delito, estarían revocando las concesiones de los acusados, que no podrían volver a trabajar como transportistas,  e incluso, según la gravedad del caso, no podrían estar al frente del volante bajo ninguna otra circunstancia.

Uno de los casos más recientes es el denunciado por la exdirectiva de Gestión de Twitter, Esther Crawford, quien aseguró que el Uber en que viajaba fue atacado por taxistas en Cancún.

A través de sus redes sociales, la exdirectiva de la empresa, actualmente llamada X, detalló que después de cenar en un restaurante pidió un Uber, pero al subirse fueron rodeados por lo que calificó como “la mafia de taxistas”, quienes atacaron al conductor mientras ella y su pareja estaban en el asiento trasero.

“El conductor permaneció en calma, incluso cuando lo golpearon a través de la ventana. Un tipo se metió dentro del auto, creo que para intentar sacar las llaves, mientras todos ellos lo amenazaban por levantar pasaje en la zona”, declaró.

Crawford agregó que bajó la ventanilla del auto y trató de explicarles a los taxistas que había sido su culpa por llamar al Uber “Principalmente no quería que el conductor se sintiera solo y temía de lo que le harían si nosotros huíamos”.

Afortunadamente, en este caso el asunto no pasó a mayores y tras concluir su viaje le dieron una gran propina al conductor del Uber, señalando que fue un “brutal recordatorio de que hay mucha gente el mundo tratando de ganarse la vida aguantando envidia de los demás”, concluyó.

 Uber denuncia “trabas” para trabajar

Mientras tanto, los socios de Uber han salido para manifestarse en contra de lo que va a representar el costo de expedición por la autorización para poder operar en el estado de Quintana Roo, el cual asciende a los 600 mil pesos, según se informó la semana pasada.

La vocera de este sector, Águeda Esperilla Soto, lamentó que es una muestra de que las autoridades establecen “trabas” para dificultar la operación regular de las plataformas digitales en el estado, donde de por sí, ya deben enfrentarse a las agresiones de los taxistas, mientras que, la población y los turistas los respaldan y prefieren a ellos.

“Lo único que va a pasar es que Uber se vuelva a amparar y va a ser un cuento de nunca acabar. Es una locura que se pague esto. El alto costo para operar, establecido por el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo), forma parte de una estrategia de las autoridades estatales para desanimar a las personas que quieran trabajar con nosotros”, aseguró.

Y esto vuelve a oscurecer, dice, el panorama para la empresa de transporte “A nadie van a dejar entrar si no lo hacen como DiDi, que está operando porque trabaja por medio del sindicato de taxistas, entonces eso sería lo que se buscaría”, dijo.

A decir de Esperilla Soto, hasta el momento, Uber no tiene intención de trabajar con los taxistas de Quintana Roo, pues asegura que esas unidades no cumplen con las medidas establecidas por la empresa, como el contar con unidades con un valor superior a los 200 mil pesos, contar con sistema GPS, frenos ABS, bolsas de aire, además de que los conductores cuenten con firma electrónica y sello digital del SAT para facturar.

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