Consignan a 7 militares por el caso Tlatlaya

  • Los cargos: ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad y homicidio calificado
Esta es una de las fotos sobre el ajusticiamiento de Tlatlaya, Estado de México, que maneja el Centro Agustín Pro.

Esta es una de las fotos sobre el ajusticiamiento de Tlatlaya, Estado de México, que maneja el Centro Agustín Pro.

El Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México consignó a siete elementos del Ejército mexicano por su presunta implicación en el caso Tlatlaya, en el que murieron 22 personas dentro de una bodega.

En un comunicado, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) señaló que los consignados fueron Alan Fuentes Guadarrama, Julio César Guerrero Cruz, Samuel Torres López, Ezequiel Rodríguez Martínez, Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides.

A dichos militares se les imputa responsabilidad en la comisión del delito de ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad y homicidio calificado en agravio de ocho personas y alteración del lugar de los hechos.

A Ezequiel Rodríguez Martínez se le acusa además de presunta responsabilidad en el delito de encubrimiento, en la hipótesis de no impedir la consumación de un delito.

Las personas antes mencionadas, son elementos del Ejército mexicano que probablemente tuvieron participaron en los hechos en el mes de junio de 2014 en Cuadrilla Nueva, comunidad de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México, donde perdieron la vida 22 personas que se encontraban en el interior de una bodega.

Recordó que el pasado 31 de octubre, casi a la media noche, se tuvo por cumplida la orden de aprehensión librada, dentro de la causa penal 81/2014, contra siete miembros del Ejército mexicano implicados en los hechos mencionados en el municipio de Tlatlaya, Estado de México.

Los siete inculpados quedaron a disposición de este Juzgado de Distrito, recluidos en la prisión militar adscrita a la Primera Región Militar, ubicada en el Campo Militar 1-A, en México, Distrito Federal.

El Consejo de la Judicatura Federal exhortó al juez de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal en turno, a que en auxilio de las labores de este juzgado, recabe la declaración preparatoria y resuelva su situación jurídica dentro del término de ley.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió recientemente un conjunto de recomendaciones a varias autoridades relacionadas con el caso. La investigación realizada por ese organismo arrojó información que inculpa a los militares en la ejecución de 15 de los 22 civiles que murieron.

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