“Hora 14”
Mauricio Conde Olivares
Con la clausura definitiva del proyecto Dragon Mart por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) donde la dependencia encabezada por Guillermo Haro Bélchez tuvo que rehacer expedientes hechos con los dedos torcidos de la ley, hoy están en el banquillo de los acusados funcionarios de pasadas administraciones como Gabriela Lima Laurents, quien era delegada en Quintana Roo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y también Adrián Guy Piña Herrera, quien fungía como delegado de Profepa.
De estos funcionarios salieron los permisos y omisiones en perjuicio del medio ambiente cuando arreciaron hace tres años las denuncias de grupos ambientalistas, como el CEMDA y las exigencias de diputados federales ante la posible construcción y operación de ese desarrollo, mismas que fueron concluidas mediante la realización de visitas de inspección, y en las que la Profepa de Adrián Guy Piña Herrera “constató” que no se contaba con elementos suficientes para determinar un incumplimiento a la normatividad ambiental federal.
Así nació el Expediente PFPA/29.3/2C.27.2/0095-12, que cita textual: “En virtud de los señalamientos en la presente resolución, y al no desprenderse violación a disposición legal (…), ordena el cierre de las actuaciones motivo del presente procedimiento administrativo, por lo que, en consecuencia, una vez que cause ejecutoria, se ordena se archive de manera definitiva como asunto totalmente concluido”.
Luego vino el encubrimiento para dar cauce a la impunidad, como el caso de la sucesora de Piña Herrera en la delegación de Profepa, la ex senadora del PVEM, Ludivina Menchaca Castellanos, quien vino a fortalecer los alegatos legaloides de los inversionistas de la empresa Real Estate Dragon Mart Cancun, S.A. de C.V.
La verde-ecologista Ludivina Menchaca desde su llegada al cargo como delegada de Profepa hasta que el expediente finalmente fue atraído por las oficinas del procurador Guillermo Haro, defendía el proyecto a capa y espada al señalar que “según inspecciones realizadas con anterioridad arrojaron que no existe evidencia de desmonte ilegal de vegetación en el predio donde pretende construirse ese complejo comercial”.
Ludivina, en consecuencia aseguró que el proyecto contaba con los permisos estatales y municipales requeridos para iniciar su construcción, e insistió que el tema salía de la competencia federal que ameritara la intervención de esa dependencia.
Cabe aclarar que la delegada Menchaca Castellanos hoy es controlada por las oficinas centrales de la dependencia por la “ley mordaza”, ya que cualquier duda o información sobre Dragon Mart que requieran humildes comunicadores como el hacedor de esta columna es turnada a las oficinas de Comunicación Social de Profepa en la ciudad de México.
Por ello, los servidores públicos que se vieron involucrados de alguna u otra forma en la línea de tiempo de este desaguisado ambiental ahora tiemblan ante las palabras textuales de Guillermo Haro, en el sentido de que hay denuncia penal.
El procurador citó las inspecciones en 2012 que señalaban que no eran terrenos forestales, sino de acahual (especie considerada no forestal) y por ello promovió Profepa juicio de lesividad contra esas inspecciones, “por considerar que fueron insuficientes, superficiales y omisas en la determinación del tipo de suelo, concediéndose a la Profepa la suspensión solicitada”.
El procurador del Medio Ambiente añadió que el 3 de octubre de 2014 interpuso Profepa la formal querella ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el ambiente (UEIDAPLE) de la PGR, por los delitos contra la biodiversidad previstos y sancionados en los artículos 418 y 420 bis del Código Penal Federal, por la destrucción de vegetación natural, cambio de uso de suelo, daño, desequedad y relleno de humedal.
Así que las penalidades pueden llegar a los 10 años de cárcel y si éstas se aplican a servidores públicos alcanzarán el doble.
En tanto, la empresa Real Estate Dragon Mart Cancun, S.A. de C.V., a través de un comunicado negó la existencia de daño o riesgo ambiental en el terreno donde se pretende ejecutar el proyecto para crear un centro de exhibición de productos provenientes de China, al señalar que las obras fueron suspendidas desde junio del 2014, ello a fin de que las autoridades administrativas y judiciales definieran conforme a derecho.
Consideró que las sanciones en materia de Impacto Ambiental y Forestal impuestas por la Profepa en agosto y septiembre del 2014 no cuentan con sustento legal, son contradictorias y desconocen actuaciones previas de autoridades competentes en los tres niveles de gobierno.
Al efecto, Dragon Mart Cancun refrendó en el comunicado difundido por su gerente de Administración, Esteban Madero Sierna, su respeto al estado de Derecho, resaltando que su inversión siempre se ha realizado con estricto apego a la ley, por lo que –indica el texto- desde el mes de octubre del 2014 interpuso los medios de defensa que le otorga la ley, a fin de dejar que las instancias judiciales competentes resuelvan lo conducente.
“Dragon Mart Cancun desde su concepción como negocio y diseño del desarrollo inmobiliario, la tramitación de permisos ante los tres órdenes de gobierno, y ahora durante la ejecución de la obra, ha cumplido y seguirá cumpliendo con la ley. Considerando que la incertidumbre legal es el mayor riesgo que puede tener cualquier inversión nacional o extranjera, es por ello que la empresa tomó la decisión de interponer los medios de defensa que otorga la ley, a fin de que las instancias judiciales competentes resuelvan lo conducente”, refiere el documento.
La Profepa efectuó anteayer la Clausura Total Temporal del proyecto Dragon Mart Cancun, argumentando que las medidas impuestas en sus resolutivos del 2014 no fueron cumplidas por la empresa en el plazo de 10 días otorgado en agosto y septiembre del 2014, respectivamente.
Al respecto, la empresa informó que no procedió a cumplir con las sanciones impuestas, toda vez que las resoluciones que las determinaron fueron impugnadas en tiempo y forma ante el tribunal correspondiente.
Una vez evaluados los resolutivos en materia de Impacto Ambiental y Forestal emitidos por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente en agosto y septiembre del 2014, respectivamente, la empresa Real Estate Dragon Mart Cancun, S.A. de C.V., mencionó que presentó la demanda de nulidad en contra de los mismos, toda vez que los mismos contienen consideraciones de hecho y de derecho inexactas, contradictorias e ilegales, pero esto será motivo de análisis en otra entrega en punto de la Hora 14.
