• Caso Tlataya: falta vincular a proceso penal a otros tres

José Luis Montañez

En una parte de la indagatoria que despliega por su parte la PGJEM, han declarado hasta ahora 40 servidores públicos que tuvieron involucramiento con el caso

Como respuesta inmediata a la recomendación que formuló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al gobierno del Estado de México, fueron consignados y detenidos cuatro policías ministeriales y con sus respectivos expedientes que acreditan su probable responsabilidad en el delito de tortura en agravio de tres testigos del caso Tlatlaya.

Posteriormente se informó que un juez de Distrito en Toluca determinó otorgarles la libertad bajo caución luego de pagar una fianza de 59 mil pesos.

La recomendación de la CNDH es la 51/2014 y el juez de Control del Distrito Judicial de Toluca concedió de inmediato las órdenes de aprehensión de los policías ministeriales, quienes (se informa), fueron ingresados al Centro de Prevención y Readaptación Social de Santiaguito en Almoloya de Juárez.

Falta liberar orden de aprehensión contra otros tres ministeriales, dentro del mismo expediente.

Se espera que en las próximas horas el juez de control determine si vincula a proceso penal a los agentes.

En todo el proceso de investigación del caso Tlatlaya, los nombres de los testigos se manejan en clave, para garantizar su seguridad. La Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) informó mediante un comunicado que una de las víctimas, identificada como V-23, se ha negado a declarar en dos ocasiones, a pesar de que se implementaron y garantizaron estándares internacionales de protección y se le ofreció desahogar la diligencia en las instalaciones de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México.

Los policías consignados “habrían maltratado física y psicológicamente a tres de las víctimas (V-23, V-24 y V-25) con el propósito de obtener información acerca de la identidad de las 22 personas que perdieron la vida en el enfrentamiento con miembros del Ejército, pues lo que se peretendía era la relación de las personas abatidas con el grupo delictivo La Familia Michoacana.

En una parte de la indagatoria que despliega por su parte la PGJEM, han declarado hasta ahora 40 servidores públicos que tuvieron involucramiento con el caso, entre técnicos del Instituto de Servicios Periciales, agentes del Ministerio Público y policías ministeriales.