Rastrean DEA y FBI bienes de “El Chapo” en Colombia

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Estados Unidos rastrea en Colombia bienes y contactos del narcotraficante Joaquín “El Chapo Guzmán”.

Estados Unidos rastrea en Colombia bienes y contactos del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Agentes estadunidenses rastrean en Colombia bienes y socios de Joaquín “El Chapo” Guzmán, jefe del cártel de Sinaloa y recién fugado de un penal de máxima seguridad de México.

La unidad de investigación del diario colombiano El Tiempo, aseguró la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) “pidieron hace algunos días a autoridades de Colombia toda la información disponible sobre los movimientos, hombres y contactos del cartel de Sinaloa en el país”.

Estados Unidos aseguró que “en algún momento, el fugitivo capo mexicano usará esos contactos para escabullirse de los 10 mil hombres que lo persiguen en México y de autoridades de 199 países que lo buscan desde hace ocho días, tras su fuga de la cárcel federal del Altiplano”.

El diario colombiano tuvo acceso a la información que las autoridades de Colombia tienen sobre la organización del capo, cuyo principal enlace entre el cártel de Sinaloa y la mafia de este país andino, es Ismael “El Mayo” Zambada, socio del “El Chapo”.

“A través de dos emisarios de nacionalidad mexicana –‘Jairo Ortiz’ y alias “Montiel”– controlan ya el 35 por ciento del mercado de la cocaína en Colombia, lo que representa cerca de 100 toneladas de droga al año”, señaló el periódico.

Los socios de Guzmán en Colombia, se “mueven entre Cali, Medellín, Cúcuta y Bogotá. Y por el Valle están introduciendo miles de pastillas de metanfetaminas o ‘coca rosada’. Ese negocio antes se los manejaba Julio César Paz Varela, alias “ElJ1”, asesinado en 2014”, señaló.

Agregó que el Clan Úsuga, la principal organización de tráfico de droga en Colombia, al mando de Dairo Antonio Úsuga David (alias Otoniel) “le brindan apoyo militar a los mexicanos cuando están en Colombia y, además, son sus anfitriones y grandes socios”.

El contacto con el Clan Úsuga, es “un empresario del Eje Cafetero que estamos a punto de judicializar. Él se encarga de coordinar los contactos y embarques hacia Europa y Asia, en participaciones iguales con el cártel de ‘El Chapo”, dijo una fuente de la Policía Antinarcóticos.

Dos jefes de la guerrilla de las FARC “son los otros grandes socios de los hombres de ‘El Chapo’, específicamente Darío Lee Díaz, ‘Robledo’, jefe del frente 48, que opera en Putumayo, y la cabeza de la columna ‘Daniel Aldana’, cuya zona de influencia es Nariño y parte del Cauca”, señaló el reporte de El Tiempo.

Para el cártel de Sinaloa, las FARC, el Clan Úsuga, la organización que se conoce como la Empresa, “son claves en su estrategia de tomarse ocho puertos en el Pacífico, desde México hasta Perú”.

“En Colombia ya manejan el 50 por ciento de la droga que sale por Tumaco, Buenaventura y el Urabá, que conforman una red con los puertos de Perú (El Callao y Talara), Ecuador (Esmeraldas y San Lorenzo) y Guatemala”, se lee en un documento de inteligencia.

Casi toda la droga que “sale de Colombia llega a Puerto Quetzal (Guatemala). Allí, hay otro contacto clave: el colombiano José Berley Guarín Loaiza, alias “El Ilustre”, según los investigadores policiales en Colombia.

 

Critica la Iglesia

gigantismo de Segob

De acuerdo con la Arquidiócesis de México, la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán pone en tela de juicio la reforma que en 2012 decidió concentrar todas las funciones de seguridad pública en la Secretaría de Gobernación (Segob).

“La competencia de la Secretaría de Gobernación fue jurídicamente desnaturalizada para imponer criterios ineficaces que confunden a un organismo político como aparato policial. La supersecretaría muestra ineficacia en sus acciones de seguridad pública y la efectividad del sistema de inteligencia”, señaló la Iglesia en el semanario Desde la fe.

En el editorial titulado “Supersecretaría”, la Arquidiócesis recordó que, en noviembre de 2012, la Cámara de Diputados reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para extinguir la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) -esta última obra de la alternancia del año 2000- y concentrar nuevamente todas sus funciones en la Segob.

La Iglesia también cuestionó la decisión de concentrar en una entidad política, la Segob, competencias diversas, incompatibles y dispares, y en un largo párrafo enlistó algunas de las responsabilidades actuales de la dependencia, como coordinar a los secretarios de Estado, compilar la normatividad nacional, fijar el calendario oficial o guardar las efemérides.

La secretaría también tiene la responsabilidad de registrar firmas oficiales de funcionarios; publicar el Diario Oficial; censurar algunas publicaciones; registrar a la población del país; expulsar extranjeros “indeseables”; dirigir la política migratoria; promover el desarrollo municipal; vigilar casinos, juegos y sorteos; administrar el patrimonio insular, regular el uso del escudo, la bandera y el himno nacionales, y coordinar el sistema de protección civil, entre otras, indicó el texto.

“Vigilar a las asociaciones religiosas y culto público (por cierto, esta subsecretaría se encuentra vacante desde hace seis meses, una muestra más del gigantismo inoperante) hasta las de seguridad pública, de seguridad nacional e inteligencia”, agregó la Iglesia.

El editorial de la Arquidiócesis de México adjudicó los cambios de legislación a una “subjetividad populista” que aseguró que la sociedad mexicana exigía emprender acciones para proveer tranquilidad y seguridad en todo el territorio nacional.

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