Se comenta sólo con…
Carlos Ramos Padilla*
La nación debe ejecutar un presupuesto, tanto de ingresos como de egresos, analizado, discutido y aprobado en el Congreso. Aun así vemos que hacen lo que su gana les da. Prueba de ello es el dinero inyectado al Tren Maya que pasó de 130 mil millones aprobados a un monto (hasta el momento) de 500 mil millones de pesos, que jamás debería de haber sido consentido y más cuando en el país se habla de austeridad republicana y se han erosionado áreas sustantivas como la salud o la seguridad nacional.
Tenemos un servicio hospitalario miserable para lo que merece la población. Familias muy pobres se ven obligadas a hacer filas injustas para ingresar, se les mantiene a los pacientes en camillas colocadas en pasillos y en muchas ocasiones se manda a los familiares a comprar los medicamentos por falta de abasto, además de que se canceló el Seguro Popular y resultó un fraude el Insabi.
Hay escuelas en este país que tienen piso de terracería y carecen de agua potable y servicios sanitarios, de transporte ni hablar, pero sumado a esto el gobierno federal decidió cancelar el programa Escuela Segura con el que se enviaba recursos económicos a las instituciones educativas públicas para atender todos los temas relacionados con la seguridad y servicios y quedaron en estado de indefensión.
En materia de seguridad, y para colmo, ahora somos testigos como integrantes del Cártel de Sinaloa desfilaron armados en una carretera de Frontera Comalapa, Chiapas, y fueron ovacionados por pobladores debido a que los protegerán del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Pero el gobierno está destinando su esfuerzo con algo inaceptable: imponer más impuestos de retención a los ahorros de los ciudadanos (el incremento en casi un 90%) de 1,15 a 1,48%. Esto aparece en el artículo 21 de la Ley de Ingresos para la Federación que presentó hace unos días Hacienda a la Cámara de Diputados.
Esto, evidentemente, afecta a la población que legítima y voluntariamente ha decidido ahorrar afectando primordialmente a las personas de la tercera edad. No hay que olvidar que esos ingresos ya pagan impuesto, que es el impuesto sobre la renta además se hacen retenciones de cuotas y derechos como el IMSS, el Infonavit o el impuesto sobre nóminas.
Ahora, el fin de esto es sangrar lo que conocemos como los “intereses” que genera una inversión por nuestros ahorros. A todas luces es un abuso y representa una injusticia social. Año con año la carga fiscal crece hacia la población, por la inflación. Mañosamente, desde que era jefe de Gobierno, AMLO justificaba (por ejemplo con el predial) que no se trataba de incrementos, sino de “actualizaciones”.
Actualmente, la inflación ronda en espacios del 4 al 6%. Repito, incrementar de 1,15 a 1,48% el impuesto al ahorro es criminal, sobre todo cuando aún registramos una corrupción insultante, obras faraónicas innecesarias, ante las carencias en otros sectores vitales, y un tiradero de dinero en campañas anticipadas de imagen con propósitos electorales.
Pero, es la Cámara de Diputados de aprobar o no esta nueva ley. De hacer, de impactar a los ahorros, los legisladores se estarán dando no un balazo en el pie, sino dinamitando incluso el futuro de sus propias familias en beneficio a ambiciones de poder de unos cuantos.
* Conductor del programa Va en serio, Mexiquense TV Canal 34.2, IZZI Canal 135 y Mexiquense Radio.
