Por la Derecha..!
Luis Ángel García
A los programas asistenciales y clientelares de la 4T se suma la próxima venta, a precios populares, de productos decomisados por el gobierno. Con ello se legitima el contrabando y la piratería. Desde la esfera del poder se hará el reconocimiento a dos de las actividades ilícitas que más afectan a la economía nacional, a la industria mexicana, al comercio formal y a la propia autoridad hacendaria, la cual deja de recibir ingresos por la falta del pago de impuestos de mercancía de dudosa procedencia.
Se anunció desde Palacio Nacional una nueva ocurrencia para compensar los malos resultados de la estrategia económica oficial, la necesidad de allegarse de recursos para sostener los programas asistenciales con que se atienden a millones de mexicanos improductivos, pero necesarios en tiempos electorales y como plataforma para catapultar a los pobres hacia la nueva clase media no aspiracional, ni egoísta ni manipulable con ropa, zapatos y aparatos domésticos decomisados por el gobierno.
De esta forma se legitima el contrabando y la piratería como hace tiempo se hizo con la reventa a través de esquemas tipo ticketmaster, donde se ejerce el monopolio del boletaje con un sobreprecio. Aquí no habría un costo mayor, pero sí el monopolio de lo asegurado y será el propio Estado el que desplace al comercio informal. Por las aduanas entran infinidad de productos de marca, clones y la piratería corriente, la cual en enormes contenedores es confiscada por las autoridades que, como parte de sus funciones, protege a la industria nacional y alienta la actividad comercial legal que emplean a millones de trabajadores y pagan impuestos, además desactiva complicadas redes del crimen organizado que obvio evaden tributos y lavan dinero.
Las mercancías, la mayoría de las veces son burdas copias, de mala calidad, de efímero uso, pero cuyo volumen de unidades las hace muy baratas y de fácil comercialización. Tradicionalmente, esos productos son triturados o quemados; con ello se destruye una cadena de ilegalidades y se evita que llegue al mercado regular. Ningún gobierno ha caído en la tentación de poner en circulación los aseguramientos como donativos, asignaciones o venta por uso regular. Hacerlo es legalizar un hecho delictivo de origen y convertir al ciudadano que hace esa compra en cómplice por receptación.
Por ese camino también podrían comercializar cajetillas de cigarros originales o falsificadas, medicamentos caducos o hechizos, cualquier tipo de producto que debiera estar protegido por patentes o derechos de autor. Se abre la puerta a la ilegalidad y se fomenta el uso de lo “chueco”, de las copias mal hechas, se alienta el vivir en el filo de lo delictivo. Pretenden combatir a la clase media por sus deseos aspiracionales, pero los clones facilitan la imitación entre la gente de menos recursos, presumir una marca a sabiendas de que no es original, pero sentir que visten como los odiados “clasemedieros” o riquillos.
El gobierno está urgido de captar más recursos para alimentar sus programas clientelares, seguramente lo hará con una reforma fiscal que apriete al contribuyente cautivo, sin tocarle un pelo al comercio informal —que hoy tendrá competencia desde la oficialidad—, pero la única fórmula para ampliar la base gravable es proteger a la industria nacional para que genere empleo y más consumidores de las marcas registradas que también tributan. No se puede, con una ilegalidad, alentar la compra de productos pirata para obtener recursos. La 4T no busca un proyecto fiscal sano, por ello prefiere las rifas, las subastas, infringir la ley con una excesiva extinción de dominio, todo para allegarse de dinero, pero no plantea soluciones productivas que respeten la ley y protejan a la industria mexicana que sí paga impuestos.
