Por la Derecha..!
Luis Ángel García
El próximo domingo se llevará a cabo una desairada consulta popular que no vinculará a proceso a ningún ex presidente, pero -como le gusta al inquilino de Palacio Nacional-, polariza desde ya a la población y crea un ambiente de confrontación que sólo favorece al populista proyecto político de la 4T. Lo que menos les interesa es ver tras las rejas a los corruptos del pasado, buscan mantener vivo el sentimiento de irritación social para encubrir los yerros del presente, justificar los programas clientelares del gobierno y sus inviables obras, aparentar que “vamos requetebién” en la economía y encubrir la falta de experiencia gubernamental. Para ello no hay mejor distractor que echarle la culpa a los del pasado.
La actual administración quiere que veamos la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Los casos de flagrante corrupción de familiares y colaboradores del Ejecutivo pretenden que pasen desapercibidos ante los ojos de la opinión pública porque contravienen el principio de honestidad que le valió el triunfo electoral a Morena en 2018. 30 millones de mexicanos se creyeron la promesa de campaña de que se acabarían las corruptelas, los nuevos funcionarios serían impolutos y no distraerían recursos públicos porque, ahora sí, se destinarían para atender los graves problemas nacionales.
El discurso argumentativo oficial vendió la idea de que en el malamente llamado periodo neoliberal se cometieron cualquier cantidad de pillerías en detrimento de la población menos favorecida y bajo el lema falaz de “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, la 4T se dedicó a desmantelar organismos autónomos, fideicomisos, fondos y programas de gobierno eficaces para utilizar esos presupuestos en el subsidio a la población menos productiva, pero redituable electoralmente.
La fallida administración mantuvo la estrategia recurrente de culpar al pasado de todos los errores por su impericia para gobernar; encubrió el desempleo, el cierre de empresas y otros efectos del decrecimiento económico y la pandemia provocados por su mala planificación financiera y sanitaria. Pero siempre tuvo la excusa para los evidentes casos de corrupción, los cuales no fueron privativos de otros sexenios, sino del presente, como lo han evidenciado la filtración de videos y las investigaciones periodísticas, eventos que siempre se justifican y no se judicializan.
Ahora que la gente cuestiona cada vez más la falta de resultados, se recurre a la onerosa y ociosa consulta popular, no con la finalidad de someter un tema de interés nacional sobre el que tengan que opinar los gobernados porque les afecte directamente como pudo ser en su momento el programa “Hoy no circula”, sino para convertir al pueblo bueno y sabio en justiciero anónimo y así saciar su sed de venganza con los ex gobernantes. No se busca aplicar la ley -la cual no se puede someter a consulta-, sino mantener vivo el resentimiento social histórico de la gente.
Para ello se ideó el improbable juicio a los ex presidentes, aberración jurídica que quiso componer la Suprema Corte con un galimatías que hace todavía más inviable llevar a proceso a los ex funcionarios, e incluso abre la puerta para también juzgar a los del presente. Otro escollo que tendrá que sortear la dichosa consulta -la cual costará quinientos millones de pesos-, será el que acudan a las casillas el 40 por ciento del padrón electoral. Con los altos niveles de abstencionismo que tenemos en el país, difícilmente convocarán a 37 millones de ciudadanos para hacer vinculante ese sondeo.
El Presidente sabe que no prosperará el ejercicio demoscópico y él es el más interesado en que así ocurra, ya que para que cristalice su proyecto político requiere de un circo romano permanente que desfogue la ira social. Lo que menos le interesa es que se aplique la ley, sus parientes y colaboradores también irían al cadalso.
