Por la Derecha..!
Luis Ángel García
Contraria a la narrativa oficial de que vamos “requetebién”, por cuarto año consecutivo, México se aleja de los estándares mundiales de legalidad, lucha anticorrupción y democracia. En el Índice Global de Estado de Derecho del World Justice Project, el país se ubica en el lugar 115 de 140 naciones estudiadas y ha retrocedido un espacio cada año, desde 2019.
Dentro de los parámetros donde peor vamos está el deterioro de factores que miden orden y seguridad, justicia civil, debilitamiento de los contrapesos no gubernamentales, como la sociedad civil o la prensa. El reporte del organismo internacional señala que hay un estancamiento en materia anticorrupción. En una escala de 0 a 1, donde cero significa ausencia total del Estado de Derecho y uno es máxima adhesión al ordenamiento institucional, apenas llegamos a 0.42 puntos.
En los tres primeros lugares del ranking está Dinamarca —país al que queremos imitar en su sistema de salud—, Noruega y Finlandia, mientras que los peor calificados son Venezuela, Camboya y Afganistán. A nivel regional, México está en el sitio 27 de 32 naciones latinoamericanas y caribeñas. De esos países, el de mayor desempeño es Uruguay, seguido de Costa Rica y Chile. Los de peor porcentaje en la misma zona son Nicaragua, Haití y Venezuela. México ocupa el lugar 115 y ha descendido por cuatro años consecutivos. Debajo de nosotros están el Congo, Honduras, Sudán, Uganda, Bolivia, Nicaragua, Haití, Afganistán y Venezuela.
Sin embargo, la 4T, poco afecta a las estimaciones de organismos internacionales, seguramente no reconocerá que su proyecto político nos aleja de la vigencia del Estado de Derecho. Nuestra democracia está en peligro como forma de vida cotidiana. A la violencia, a la pérdida de la gobernanza en muchos lugares de la República, a los ataques a periodistas y comunicadores, se suma la obsesión enfermiza por desaparecer al INE —a quien el tlatoani culpa del supuesto fraude que le cometieron en el 2006, aunque eran otros funcionarios electorales—, para regresar a los tiempos del partido único, donde era el propio gobierno el que organizaba y otorgaba triunfos en los procesos comiciales. De proceder esta pretendida reforma, regresaría el poder omnipresente del secretario de Gobernación y la famosa Comisión Federal Electoral. Este atentado contra el último bastión de la democracia mexicana será un retroceso en la ciudadanización de las elecciones en México, y seguramente el año entrante tendremos una peor calificación en materia de Estado de Derecho.
Las votaciones, como en los viejos tiempos del PRI, serán a modo. El responsable de la política interior del país será quien contenga las protestas de los institutos políticos, aclamará los triunfos del partido en el poder y decidirá qué distritos perderá. Contrario al espíritu democrático de la reforma política de 1977 del ideólogo Jesús Reyes Heroles, la 4T pretende cancelar a los legisladores de representación proporcional, medida que posibilitó el ingreso de los partidos de oposición a los Congresos. Ahora se aspira a recuperar el carro completo. Con el control de las elecciones, pocos candidatos de otros partidos podrán ser reconocidos como triunfadores en sus distritos.
Seremos los ciudadanos quienes impidamos este golpe mortal a la democracia, a la vigencia del Estado de Derecho. El populismo setentero es una trampa que nos aleja de Dinamarca y nos acerca más a Venezuela o Afganistán.
