Por la Derecha..!
Luis Ángel García
Tanto critica el gobierno de la 4T los “sabadazos” de los jueces para liberar los fines de semana a presuntos delincuentes, sobre todo de aquellos en los que tiene especial interés el aparato de procuración de justicia -como fue el caso de Rafael Caro Quintero-, y aplica la misma medicina con presos que son objetivos prioritarios para la Casa Blanca. Literalmente se dejó en estado de indefensión al “chapito” Ovidio, quien era requerido por las agencias norteamericanas por su participación en el tráfico de fentanilo, opiáceo sintético que se ha convertido en aquel país no solo en un problema de salud, sino de seguridad nacional. Cien mil jóvenes mueren al año por sobredosis de esta droga.
Llama la atención que el régimen cuatrotero se haya dedicado a la exhibición sistemática de impartidores de justicia que dejan en libertad a muchos presuntos responsables de la comisión de ilícitos relacionados con el crimen organizado; sin pruebas, tildan de corruptos a los togados, sin reparar que, en la mayoría de los casos, son excarcelados por fallas en el debido proceso, mala integración de las carpetas de investigación o falta de pruebas de la representación social. Sin embargo, más por revanchismo que por razones de técnica jurídica, se ha implementado una estrategia de denostación contra jueces, magistrados y hasta ministros ante la impotencia o impericia gubernamental para retener a los imputados. Ovidio Guzmán puede ser el mayor criminal del mundo, como lo hacen aparecer las autoridades gringas, pero tiene derecho a un debido proceso, inclusive de extradición.
Obnubilados por el uso excesivo del aparato de procuración de justicia como instrumento de venganza política, poco interés ponen en el rigor jurídico, por lo que la actual administración se ha acostumbrado a los jueces de consigna, a los jueces a modo que por conveniencia o miedo acatan las consignaciones ministeriales; como sucedió con Rosario Robles o ahora con el procurador de Morelos, Uriel Carmona, a quien han reingresado al penal en cuatro ocasiones por diversos delitos, sin que prueben su responsabilidad. Lo importante es no dejar impune la exhibida que dio al gobierno capitalino por sus pifias en la investigación de un supuesto feminicidio y de paso limpiar la cara de la fiscal carnal, quien carece de autonomía.
Critican los sabadazos de los jueces, pero justifican se violen las garantías procesales y derecho de amparo del hijo de Joaquín Guzmán Loera. Detenido el “chapito” por delitos contra la salud y con una petición de extradición, en un proceso fast track se obviaron los ilícitos cometidos en nuestro país y en clásico fin semanazo, es sacado del reclusorio y trasladado en un avión privado por agentes de Interpol -o ¿eran de la DEA? -, a una Corte en Chicago; en Estados Unidos se le juzgará por cinco delitos y ya no importarán los cometidos aquí.
Los abogados del protagonista del “culiacanazo” desmintieron al propio Presidente, quien declaró que la extradición fue resulta entre la Cancillería y la FGR y que el imputado no ejerció su derecho de ampararse. Los defensores señalaron que su representado fue notificado la noche anterior a su traslado y no le permitieron comunicarse con sus abogados, quienes no fueron notificados y por ello no pudieron tramitar el amparo. ¿Y el debido proceso?
Tal vez fue la presión ejercida por el gobierno americano que, como en el caso de Caro Quintero, exigen castigar ellos mismos a quienes dañan a sus ciudadanos y cobrarse viejas afrentas. Si es así, debiera cesar la cacería de brujas que hacen con los jueces que sólo cumplen con su función. Tan grave son los sabadazos judiciales y la sospecha de corruptelas, como lo es una extradición en lo oscurito por exigencia extranjera y sin oportunidad de defensa de los indiciados, así sean delincuentes.
